Los populares amplían, a través de las enmiendas, la obligación del urbanizador de notificar de forma individual a los propietarios afectados de la aprobación de un PAI. Además se hace incompatible que el promotor de un PAI sea también el agente urbanizador, y se amplía de 10 días a dos meses el plazo para que los propietarios afectados puedan optar entre el pago en metálico o en terrenos, así como ejercitar sus derechos. En vivienda protegida, los planes de urbanismo municipales deberán establecer una reserva, pero no se concreta la cuota.
Los socialistas proponen la suspensión de los PAI sobre suelos no urbanizables, tanto de nueva formulación como los que están en tramitación a la entrada en vigor de la ley. La reclasificación de suelo rústico a urbanizable no se podrá hacer en la costa salvo que exista un plan territorial que delimite la construcción. En el resto del territorio y donde no existan planes reguladores, el PSPV propone un máximo de 20 viviendas por cada 1.000 habitantes/año, la recuperación de plusvalías urbanísticas, y un tercio de VPO.
EU-L'Entesa plantea además un endurecimiento de las sanciones a quienes incumplan la ley, así como medidas contra la proliferación del dinero negro en el urbanismo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de octubre de 2005