La propuesta de reforma del mercado laboral que ha presentado el Ministerio de Trabajo ha provocado las primeras fricciones con los agentes sociales, en especial con los empresarios agrupados en la patronal CEOE. El Gobierno acepta el principio general de que debe aumentarse la estabilidad del mercado -hoy un tercio de los contratos son temporales- y, a cambio, se puede flexibilizar el despido disminuyendo la indemnización a 33 días por año. El problema surge cuando se aplican las condiciones de esta flexibilidad. Trabajo propone que los nuevos contratos fijos con indemnización de 33 días se apliquen automáticamente a los parados con un mes de antigüedad en el registro -hasta ahora eran seis meses el plazo exigido-, con lo cual, de paso, el teórico abaratamiento se convierte en indemnizaciones más caras para trabajadores antes desprotegidos; y exige a las empresas de contratas y subcontratas que conviertan en permanentes los contratos temporales, puesto que su actividad es continua.
Los empresarios entienden que la extensión del contrato de 33 días es muy limitada y se disponen a elaborar una propuesta distinta; los sindicatos consideran exactamente lo contrario, y añaden una cierta irritación por el hecho de que el Gobierno no se haya decidido a penalizar la contratación temporal a través de las cotizaciones. Tales diferencias de opinión son prácticamente inevitables y relativamente fáciles de eliminar mediante una negociación concienzuda. En todo caso, será más fácil conseguir un acuerdo si, como entienden los sindicatos, la propuesta de Trabajo es un punto de partida para discutir detalles más precisos y nuevos ámbitos de aplicación. Carece de sentido negar una propuesta que, por definición y tradición, nunca ha sido la última palabra en negociaciones anteriores. Un segundo cálculo a favor de la idea es que cualquier proceso de reforma -y el mercado de trabajo es especialmente delicado- debe propagarse con moderación relativa. Es preferible comprobar cuáles son los efectos de los nuevos contratos en ámbitos localizados antes que certificar un fracaso generalizado de la reforma.
No hay motivos reales para romper la baraja; ni siquiera para amenazar con romperla. Sí lo hay, por el contrario, para no confundir más el calentamiento previo al partido con el partido mismo y meterse de lleno en el debate a tres bandas sobre la reforma del mercado de trabajo, que, con las apelaciones a la prudencia que se quiera, debe estar ya entre las más lentas y aplazadas de la historia económica española.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 20 de octubre de 2005