El Departamento de Cultura de la Generalitat, que dirige Caterina Mieras, tiene previsto convocar una reunión de todas las partes implicadas en el conflicto que enfrenta a la diócesis de Lleida con la de Barbastro-Monzón por una colección de 113 obras de arte sacro que un decreto de la Congregación de los Obispos de Roma ha ordenado devolver a esta última. Las piezas, depositadas desde hace más de un siglo en el Museo Diocesano de Lleida, proceden de las parroquias aragonesas que en 1995 fueron segregadas de diócesis catalana.
El plazo de un mes fijado por la curia vaticana para retornar las obras se agotó ayer. Sin embargo, en Lleida nadie duda que las piezas permanecerán en su actual ubicación al menos durante tres meses más, el tiempo de que dispone la Generalitat para decidir si las descataloga, como le ha solicitado el obispo de Lleida, Francesc Xavier Ciuraneta, para dar cumplimiento a lo que establece el decreto.
Cultura, como prevé la Ley de Patrimonio Cultural de Cataluña, quiere conocer la opinión de los representantes de las parroquias, los ayuntamientos, el museo, el obispado y otras entidades interesadas en el litigio antes de decidir si autoriza o no la devolución de las obras a la diócesis de Barbastro-Monzón. El obispo aragonés, Alfonso Milián, ha manifestado su intención de informar a la nunciatura apostólica en España de que el de Lleida no ha entregado las piezas en el plazo indicado.
El director de los Servicios Territoriales de Cultura en Lleida, Antoni Llevot, dijo ayer que su departamento está siguiendo los pasos administrativos que corresponden y que por ese motivo dará a todas las partes la posibilidad de opinar sobre este asunto. Llevot explicó que los servicios jurídicos de Cultura ya han iniciado el estudio del recurso de descatalogación presentado por el obispo Ciuraneta. El pleno de la Diputación de Lleida se reunirá hoy para aprobar una moción presentada por ERC en la que el organismo solicitará a sus servicios jurídicos la realización de un informe sobre la propiedad de los bienes reclamados para, indica ERC, evitar su complicidad con el "expolio" de este patrimonio.
A pesar de que desde Aragón siempre se ha defendido que el conflicto debía dirimirse únicamente por la vía eclesiástica y sin intervención de las administraciones públicas, lo cierto es que sus representantes políticos no han mantenido siempre esa neutralidad. El presidente aragonés, el socialista Marcelino Iglesias, se ha referido al litigio en numerosas ocasiones y ayer mismo el vicepresidente, José Angel Biel, instó al obispo de Lleida a que devuelva "de una vez por todas" los bienes de las parroquias de la diócesis oscense y cumpla el mandato de obediencia a la Santa Sede, según informa Efe. Biel añadió que el obispo de Lleida "empieza a ser un poco cargante".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 21 de octubre de 2005