Comienza un nuevo curso escolar y asistimos impasibles al privilegio provocador que la iglesia católica tiene en Sevilla. Los ciudadanos hemos de soportar que, en ocasiones, las carencias de plazas escolares, en vez de cubrirse por las administraciones públicas, lo sean por los centros confesionales, ignorando los derechos más elementales de los ciudadanos con respecto a la libertad ideológica y religiosa. Para algunos padres, no queda otra elección que tragar, para la educación de sus hijos, con las sotanas y las monjas, negándose sus derechos más básicos.
¿Qué dirían los católicos, si tuvieran que meter a sus hijos en colegios islámicos o escuelas libertarias? Si esto fuera poco, el premio Príncipe de Asturias se les concede a las Hermanas de la Caridad. Con ello se minimiza el papel represivo y carcelero que tuvieron durante el franquismo -EL PAÍS, 17/9/2005- ignorándose la memoria de miles de represaliados. Por otro lado, esta institución, al igual que otras muchas católicas de nuestra ciudad, se subvencionan con dinero público, asumiendo funciones que habrían de tener en un Estado laico y aconfesional, los servicios sociales dependientes de la Administración.
La Iglesia católica, cada vez más robusta, bien subvencionada, con un ancho abanico de ámbitos de influencia, es capaz de interceder y posicionarse en los temas sociales, y sin rubor, desde posturas homófobas y discriminatorias hacia distintos segmentos de la sociedad.
Quiero mostrar mi repulsa a una situación vejatoria para muchos andaluces, que asistimos atónitos a comienzos del siglo XXI, al mantenimiento de unos privilegios que luego se vuelcan en actitudes inmovilistas y reaccionarias. En un mundo necesitado de valores como el respeto por las libertades colectivas e individuales, la solidaridad y el compromiso social, poco favor hacen la Iglesia y aquellos que la mantienen.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de octubre de 2005