El PP-A no descarta acudir de nuevo a la vía judicial, en concreto, al contencioso-administrativo o al Tribunal Constitucional, para denunciar la falta de respuesta del Gobierno andaluz a las solicitudes de información y preguntas por escrito que ha planteado a las distintas consejerías, ya que tiene pendientes de respuesta un total de 1.931, de las que 1.149 ya han superado el plazo recogido en el Reglamento del Parlamento para recibir contestación.
El portavoz del grupo popular en el Parlamento, Antonio Sanz, explicó ayer que, de las 2.856 solicitudes de información y de las 3.669 preguntas por escrito que han planteado, aún están sin contestar 699 y 1.232, respectivamente. Además, apuntó que 398 solicitudes de información ya han superado el plazo legal de 30 días hábiles para ser respondidas y 715 preguntas también han superado los 20 días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento (BOPA) para recibir contestación.
Para Antonio Sanz, estos datos ponen de manifiesto una "falta de respeto intolerable" del Gobierno andaluz al Parlamento y que el PSOE está "permanentemente obstaculizando y zancadilleando la labor de oposición de los demás partidos", bajo un "falso impulso democrático". Para el portavoz popular, el problema ya no es que la Junta tenga pendiente de respuesta un número considerable de iniciativas por escrito, sino que se niega a responder a aquellas que se refieren a asuntos que no le interesa que se conozcan.
Sanz recalcó que se evidencian de esta manera los "tics antidemocráticos" del Gobierno andaluz, tratando de ocultar determinada información para "tapar sus vergüenzas".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 22 de octubre de 2005