El anteproyecto de ley de Medidas Fiscales -la conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat- incluye la modificación de varias leyes que nada tienen que ver con aquellas que suponen una repercusión económica. De hecho, el Comité Económico y Social (CES), en su dictamen del anteproyecto que será debatido en las próximas semanas en las Cortes Valencianas, hace mención expresa a este hecho, respecto del que "considera conveniente insistir en que la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana debe incluir únicamente las modificaciones relativas a las leyes con repercusión económica directa y aquellas que sean de urgente necesidad de adaptación para el correcto funcionamiento de la Administración autonómica". "El resto debería regularse por leyes más específicas que eviten la dispersión normativa", indica el órgano consultivo.
Una de las leyes que modifica este anteproyecto es la Ley de Ordenación del Territorio y el destacado artículo por el que la modificación de la clasificación de suelo no urbanizable en suelo urbanizable conlleva la obligación de ceder gratuitamente a la Administración una superficie igual a la reclasificada. Mientras que hasta ahora esa cesión se limitaba a los suelos ya protegidos, la Generalitat incluye un cambio por el que se pueden ceder también suelos "que tengan incoado algún procedimiento administrativo tendente a su protección".
Además, el Consell incluye una condición ya que podrá rechazar aquellos suelos que "requieran de una acción continuada de naturaleza agrícola, forestal, cinegética o similar", y sólo aceptará éstos "cuando la Administración tenga previstos y garantizados mecanismos de gestión que permitan el mantenimiento del valor protegido".
Silencio administrativo
La otra norma urbanística que modifica la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para el año 2006 y que también cuestiona el Comité Económico y Social en su dictamen es la Ley de Suelo No Urbanizable. En este caso, el cambio efectuado merece una consideración del CES ya que, a partir de su aprobación, el silencio administrativo en la solicitud de licencias municipales, de obras o actividad, que legitimen usos y aprovechamiento en suelo no urbanizable será negativo, lo que, según el dictamen "contradice el espíritu de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que, con carácter general, establece el carácter positivo de la inactividad de la Administración como garantía de que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la misma en los plazos establecidos".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de octubre de 2005