La Universidad Miguel Hernández, a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas, ha organizado durante esta semana un curso sobre la responsabilidad civil y penal de los agentes que intervienen en el proceso de edificación, es decir, desde el proyectista, el aparejador y el arquitecto hasta el constructor y el promotor. Ayer tarde comenzó el curso, que imparten 12 magistrados de la Audiencia Provincial de Alicante. Asistieron unos 70 profesionales del sector.
Se analizaron las obligaciones y las fronteras de responsabilidad que establece la legislación con relación a los agentes que intervienen en la construcción. Los magistrados reconocieron que diariamente deben tratar sobre estas cuestiones porque son muy numerosas las causas que se ven en el juzgado referidas a defectos en la construcción, falta de metros útiles respecto a los prometidos, fallos en los acabados, diferencias de precio por cambios o materiales distintos a los que se exponían en los folletos publicitarios, entre otros.
La materia penal se abordará en estas jornadas con el análisis de los delitos de la imprudencia profesional, delitos contra los derechos de los trabajadores o responsabilidades penales de cada uno de los profesionales que intervienen en la edificación.
Carencias formativas
En la tarde de ayer los ponentes fueron Enrique García-Chamón-Cervera, presidente de la Sección 8ª de lo civil de la Audiencia de Alicante, especializada en materia mercantil y Tribunal de Marca Comunitaria; Luis Antonio Soler Pascual, magistrado de esta misma sección de la audiencia y Visitación Pérez Serra, magistrada de la sección civil.
Luis Antonio Soler explicó que existen carencias formativas de los profesionales respecto del conocimiento de estos asuntos, pero "son cada vez menos", afirmó, ya que los colegios profesionales "se están preocupando mucho por estas cuestiones". Señaló que a partir de ahí está la voluntad del profesional de cumplir la ley, porque "la información la tienen y saben cuáles son los límites". Al fin y al cabo, añadió, "es una cuestión económica, y cada uno sabe lo que tiene que hacer".
En la charla se expusieron las novedades legislativas que han incorporado tanto la ley estatal de Orden de la Edificación, que entró en vigor en mayo de 2000, como la ley autonómica de Ordenación y Fomento de la calidad de las Edificaciones, publicada a primeros de este año. Estos instrumentos legislativos han conseguido aunar en un documento toda la legislación y jurisprudencia en materia de construcción.
También se trató ayer sobre la prueba pericial en el ámbito constructivo, por dos motivos, según explicaron los magistrados, porque son muy relevantes para el juez a la hora de resolver los asuntos de vicios de la construcción y también porque muchos profesionales deben actuar como peritos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de octubre de 2005