Sobra propaganda, autocomplacencia, manejo de grandes cifras que nada significan en la vida diaria de los ciudadanos. Faltan proyectos, ganas de cambiar el signo económico de Andalucía, brilla por su ausencia una política social digna de tal nombre. Los presupuestos de la Junta para el próximo año ensalzan el crecimiento económico de este último ciclo, bajo el proyecto de la modernización. Tras estas grandes palabras se oculta que sectores como la industria o la pesca están en franco retroceso, que la agricultura es sumamente incierta y que la gran aportación al PIB de Andalucía es la construcción, que, sólo en los seis primeros meses del año, experimentó un crecimiento del 24% sobre crecimientos anteriores igualmente vertiginosos. En suma, un modelo de desarrollo que consume con avidez recursos naturales, crea empleo de elevada inseguridad en todos los aspectos y lejos de servir al interés público encarece bienes y servicios tan centrales como la vivienda.
Una vez más el mito del crecimiento se convierte en el eje central de todas las políticas, olvidando que un crecimiento sin sostenibilidad, sin reparto y con graves desequilibrios sociales, no sólo no es la solución sino parte del problema.
El segundo mito presupuestario son las políticas sociales. Evidentemente el gasto en educación y en salud consume la mayor parte del dinero público, pero esto ocurre bajo gobiernos del más diferente signo. El diferencial entre derecha e izquierda es la política económica que crea problemas o soluciones (precariedad o seguridad, integración o desagregación, reparto de la renta o acumulación) y el gasto social en el que España y Andalucía se encuentra a la cola de Europa. Nuestros servicios públicos básicos como educación y salud, aunque han mejorado en los últimos años, carecen de la calidad necesaria. En cuanto a la tercera pata de las políticas sociales, aquellas que deberían llegar a quienes padecen problemas específicos (discapacidad, falta de integración, problemas sociales, dificultades en la igualdad real), los datos de atención son irrisorios, las ayudas minúsculas y las promesas incumplidas se amontonan en los cajones. Con los datos en la mano es precisamente a esta nueva agenda social que se prometió para esta legislatura a la que se dedica menos inversión.
Sobra una forma de gestionar lo público cada vez más privatizada, en la que los servicios se encomiendan a terceros, con la proliferación de las mal llamadas empresas públicas cuya única virtualidad es saltarse el derecho laboral y contractual público.
Y finalmente, falta compartir el presupuesto con los ayuntamientos que sólo recibirán 18 millones de euros de aumento proveniente de las arcas andaluzas, algo menos de lo que van a destinar a publicidad institucional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 31 de octubre de 2005