El subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, recordó ayer que la instalación de cámaras de vigilancia está regulada por ley y exige de autorización, salvo en el caso de los edificios públicos que precisan de protección, para los que, no obstante, se debe comunicar la existencia de este tipo de instalaciones de seguridad. Martínez no ha recibido ninguna solicitud del Ayuntamiento de Valencia, que estudia instalar un millar de cámaras inteligentes en las calles de la ciudad y plantea pedir ayudas europeas para su implantación. El equipo de gobierno, del PP, tampoco ha expuesto un plan concreto en la junta municipal de seguridad, explicó Martínez. Fuentes municipales afirmaron que se trata de un proyecto por concretar y que persigue lograr financiación europea por la vía de la apuesta por las nuevas tecnologías. El concejal de Innovación, Juan Eduardo Santón, no atendió ayer las llamadas de este periódico sobre el proyecto.
El subdelegado del Gobierno subrayó que la normativa establece restricciones y condiciones a la videovigilancia para evitar que conculque el derecho a la intimidad y la imagen. Las peticiones son analizadas por una comisión que integran, entre otros, el presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano, el abogado del Estado, la Delegación del Gobierno y la Fiscalía. Bancos y cajeros automáticos también pueden colocar cámaras de vigilancia, pero con la condición de que sólo enfoquen la zona afectada por su actividad. En Valencia funcionan las cámaras de las entidades financieras, de los edificios públicos -asimismo dirigidas sólo al perímetro de seguridad- y 565 que son competencia de Tráfico y cuyo uso también está restringido al control de la circulación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 3 de noviembre de 2005