En materia de investigación y desarrollo, España está muy atrás; en la mitad de la media europea, si medimos en porcentaje del PIB. Es el resultado de un estancamiento prolongado tras el fuerte impulso de los años ochenta. Zapatero hizo del objetivo de llegar a duplicar la cifra en I+D al final de la legislatura una de las líneas de fuerza de su programa electoral. En los presupuestos de este año y del próximo se aprecia un claro crecimiento en este apartado, pero no es oro todo lo que reluce.
En primer lugar, se sigue incluyendo en las cifras correspondientes a investigación una considerable porción dedicada a la adquisición de material para defensa, en contra de compromisos expresados previamente por los responsables socialistas. No se trata de excluir el esfuerzo en investigación realizado por dicho ministerio, sino, sencillamente, de no incluir lo que no lo es; lo que son compras de material bélico sin ninguna conexión con programas de investigación. Lo que es y lo que no es I+D está claramente delimitado por acuerdos internacionales, de forma que las cifras sean homologables. Y, de acuerdo con el criterio general, la mayoría de estas partidas asignadas a defensa no deben incluirse entre los gastos de I+D.
Por otra parte, una fracción significativa de los fondos a disposición de los investigadores, en el sector público y en el privado, son anticipos reembolsables que sólo en determinados casos sirven a estos fines. La participación del sector público en actividades de I+D es mayoritaria, en agudo contraste con lo que ocurre en el resto de los países desarrollados. Está claro que algo falla en el sector industrial español y en la labor que deben hacer las autoridades para fomentar la innovación en las empresas.
Finalmente, una parte de la Administración se mantiene al margen de los esfuerzos colectivos. No va con ella. Cualquier operación de calado para aumentar el número de investigadores se encontrará con una función pública rígida e inadecuada. Eso ocurre en las universidades, pero muy especialmente en los organismos públicos de investigación, cuyas dificultades estructurales y administrativas para incorporar científicos o crear nuevos centros hacen inalcanzables esos objetivos. Cuando Zapatero afirma que una de sus prioridades es fortalecer el sistema de I+D, toda la Administración debería sentirse concernida, y no sólo algunos ministerios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 7 de noviembre de 2005