Hoy viernes 11 de noviembre COAG Andalucía ha convocado una manifestación en Sevilla ante las puertas de la Consejería de Agricultura y el día 28 nos manifestaremos en distintos puntos de la geografía española, en demanda de soluciones a los graves problemas que afectan a la agricultura y a la ganadería y ante la falta de una repuesta adecuada por parte de nuestras Administraciones, tanto central como autonómica.
El sector agrario es, sin duda, el sector económico que en los últimos años se ha visto sometido al proceso de reconversión más fuerte y silencioso, sin coste alguno para el Estado, pasando de dos millones de agricultores en los años 90, a 800.000 en el día de hoy, de los cuales tan sólo 400.000 son profesionales que viven de su actividad agraria.
Este hecho, responde por un lado, a un incremento constante en los costes de producción, el gasóleo se ha incrementado un 125% desde el 2000, lo mismo ocurre con el resto de inputs, mientras que la renta agraria descendió un 0,2%, y por otro, a una desacertada política agraria que diseñada desde instancias comunitarias, y comulgando con los mandatos de la OMC, persigue el objetivo de desmantelar la agricultura europea, trasladando la actividad productiva a terceros países imponiendo allí cultivos industriales que destruyen los subsistemas productivos tradicionales y sus mercados locales, a cambio de que éstos abran sus mercados a las grandes multinacionales europeas para que coloquen su productos industriales.
La evolución de la política agraria comunitaria nos sitúa ahora en el camino de su renacionalización, fenómeno que desde el punto de vista de un Estado descentralizado como el Español, en el que las competencias en materia de agricultura corresponden en exclusiva a las Comunidades Autónomas, implica la necesidad de diseñar políticas propias para el sector por parte de éstas, en el marco de la ordenación general de la economía.
Nuestro Gobierno debe tomar conciencia del valor estratégico que el sector agrario tiene en Andalucía, tanto desde una perspectiva económica como social, así desde un punto de vista económico, la actividad agrícola genera en Andalucía el 14,5% del PIB, la balanza comercial agroalimentaria presenta un superávit del más de 3.000 millones de euros, y su contribución equilibra la balanza comercial general aportando el 27% de las exportaciones. Desde el punto de vista social, este sector ocupa a más de 400.000 trabajadores, el 14% de la población activa andaluza, y es pieza clave en la gestión del medio rural, calificativo que merece el 90% de la superficie de nuestra Comunidad.
El valor estratégico de la agricultura en nuestra comunidad y la referida renacionalización de la PAC exigen como hemos indicado el diseño de políticas propias, que deben diferir de las de otras comunidades y Estados, donde la agricultura no tiene ese valor.
En este sentido, no podemos permitir que el sector agrario vaya perdiendo peso dentro de los presupuestos generales de la Comunidad andaluza, teniendo además, que acometer con ellos, situaciones excepcionales como los daños por heladas o sequía, situaciones que debería haberse afrontado con fondos extraordinarios evitando así hipotecar las políticas agrarias andaluzas de los próximos años.
Esta falta de recursos está provocando el fracaso de la política de modernización de las explotaciones y de incorporación de jóvenes, como ejemplo, en el presente marco comunitario, se han tramitado un 30% menos de expedientes de nueva incorporación que en el mismo periodo del marco anterior, perdiendo financiación comunitaria: por cada 50 céntimos que deja de poner Andalucía, perdemos 3 euros de Bruselas.
Por otra parte, carecemos de una estructura comercial andaluza fuerte, hoy por hoy muy atomizada, y que provoca que los agricultores percibamos precios de miseria y los consumidores paguen precios abusivos. Es imprescindible una política comercial que recupere el valor añadido que la distribución está acaparando, no siendo admisible que la ventanilla para acceder a las ayudas a la industria agroalimentaria se cierren dos años antes de finalizar el periodo operativo por falta de recursos.
En definitiva, COAG sale a la calle en defensa de una gestión adecuada, que evite por ejemplo, que transcurran 9 meses desde las peores heladas de la historia sin que los agricultores hayan percibido todavía un euro, que garantice la continuidad de la actividad productiva; en demanda de fondos suficientes para llevar a cabo acciones que permitan el relevo generacional; la modernización de las estructuras productivas; de medidas normativas dirigidas a la ordenación de los mercados; con precios justos para agricultores y consumidores; de un gasóleo profesional libre de impuestos; de medidas fiscales adecuadas a la rentabilidad del sector y en definitiva una política agraria que promueva el progreso del sector agrario andaluz.
Eduardo López Vargas, secretario de de COAG Andalucía
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de noviembre de 2005