El Gobierno catalán ha ejecutado hasta septiembre el 57% de las inversiones previstas en los presupuestos catalanes de 2005, según los datos de la Intervención General, adscrita al Departamento de Economía. En 2004, el grado de ejecución superó el 90%, 10 puntos más que la media de los últimos cinco años de gobiernos de CiU. Tanto la federación nacionalista como el PP arremetieron el pasado miércoles contra la credibilidad de los presupuestos argumentando la baja ejecución de las inversiones, una de las críticas que a lo largo de los últimos meses han lanzado la Cámara de Comercio y los contratistas.
Tanto CiU como el PP cuestionan la credibilidad del esfuerzo inversor de los presupuestos catalanes de 2006 -5.799 millones de euros, el 9,4% más que en los presupuestos anteriores- con un argumento: el bajo grado de ejecución de las inversiones. Ese ha sido también uno de los caballos de batalla de los empresarios en los últimos años, tanto a través de la Cámara de Comercio como de los contratistas de obras. Con los datos en la mano, las inversiones presupuestadas en 2004 -el primer presupuesto del tripartito, que prácticamente prorrogaba el del año anterior- se ejecutaron en el 91,2%, de acuerdo con los datos de la Intervención General de la Generalitat, adscrita al Departamento de Economía y Finanzas. En el caso de las cuentas públicas de 2005, con un incremento del esfuerzo inversor del 65% respecto al ejercicio anterior, la ejecución hasta el tercer trimestre se sitúa en el 57,6%, pese a que fuentes de Economía explicaron que la ejecución de obras se intensifica tradicionalmente en el último trimestre.
En mayo pasado, la Cámara de Comercio presentó un documento en el que denunciaba la caída en picado de la obra pública licitada por la Generalitat: 1.303 millones de euros en 2004, el 65% menos que en 2003. El informe repasaba cada infraestructura -transporte público, ferrocarriles, carreteras, puerto, aeropuerto y logística- y alegaba "retrasos muy importantes" en proyectos "faltos de ambición". Y aseguraba que el déficit de infraestructuras de Cataluña "no se está corrigiendo" con el actual Ejecutivo catalán. Los datos oficiales de 2004 ponen en duda estas críticas, pese a que en el caso de las grandes obras -como la línea 9 del metro- los retrasos acumulados son considerables, a pesar de que la Administración catalana aduce en su defensa el parón derivado del cambio de gobierno y la crisis del Carmel.
Corsés para la inversión
En la presentación de los presupuestos, el titular de Economía, Antoni Castells, explicó que la inversión prevista para 2006 "consolida el esfuerzo inversor" de la Generalitat, con un crecimiento del 9,4%, tres puntos por encima de la cifra presupuestada por el Estado. En el capítulo de gastos, la gran novedad de 2006 es el presupuesto por programas, en un intento por orientar las cuentas públicas a la consecución de resultados y objetivos.
Pese al corsé que supone el actual sistema de financiación autonómica y, sobre todo, el marco normativo de estabilidad presupuestaria -el denominado déficit cero-, Castells explicó que el nuevo incremento de la inversión es posible por "la mejoría experimentada en la gestión", y aseguró que no será necesario recurrir a una subida de la presión fiscal. Sin embargo, el Ejecutivo catalán sí se ha visto obligado a acudir a fórmulas de financiación extrapresupuestarias: de los 5.779,3 millones de inversión prevista, sólo 4.788,6 millones están incluidos en los presupuestos. El Ejecutivo autónomo tiene previsto utilizar lo que denomina "sistemas de financiación específicos" con el objetivo de construir carreteras, comisarías, cárceles o infraestructuras de transporte por importe de 990,7 millones de euros, frente a los 801 millones de 2005. Es decir, un alza del 23,6%.
Al llegar al poder, el tripartito denunció que el Gobierno de CiU encargó infraestructuras por valor de 7.600 millones de euros con compromisos que se extienden hasta 2041, muchas de ellas a través del pago aplazado, el denominado método alemán. De esta manera, los pagos no aparecen en el presupuesto hasta que las obras finalizan y son entregadas llave en mano, con lo que no aumenta el déficit y son las empresas constructoras las que se ven obligadas a financiarse para poder llevarlas a cabo. Castells aseguró el miércoles que "ninguna nueva infraestructura" se ha financiado con este método, aunque en el presupuesto aún figuran algunas de las inversiones heredadas de CiU. Sin embargo, el Ejecutivo ha utilizado otras fórmulas, como los peajes en sombra, los derechos de superficie y las concesiones, para construir comisarías, juzgados, prisiones y carreteras. "La alternativa, ante el corsé que supone el déficit cero, era no acometer algunas de estas infraestructuras", según Castells."Sistemas de financiación específicos". Ese es el cajón de sastre que utilizan las cuentas públicas de 2006 para agrupar las inversiones que no se incluyen en el presupuesto, y que se han duplicado desde los presupuestos catalanes de 2004, los primeros del Ejecutivo que preside Pasqual Maragall. Castells describió el pasado miércoles la utilidad de estas fórmulas en la presentación de las cuentas públicas: "Una empresa privada financia la construcción de una comisaría, la cede a la Generalitat en régimen de alquiler y la Administración catalana paga un canon por su uso, que es el único importe que se incluye en el presupuesto".
El Ejecutivo tripartito ha tirado de esta fórmula -bajo el epígrafe derechos de superficie- para invertir 165,8 millones en comisarías, 12 veces más que en los presupuestos anteriores, y para poner en marcha también juzgados y centros penitenciarios por valor de 265,1 millones, el 28,8% más. Y ha optado por las concesiones o peajes en sombra para una parte de la inversión en carreteras, que asciende a 238,6 millones de euros, el 120% más que el pasado año. La inversión total a través de derechos de superficie y concesiones asciende a 669,5 millones, cifra que duplica la de los presupuestos de 2005.
Frente a estos incrementos, las inversiones financiadas a través del método alemán -pago aplazado- se sitúan en 321,2 millones de euros, con un retroceso del 32,3%. Estas inversiones proceden del anterior Ejecutivo y sirven todavía para financiar carreteras (80,9 millones), infraestructuras de transporte (140,4 millones), la línea 9 del metro (38,5 millones) y las obras de regadíos (61,4 millones).
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de noviembre de 2005