Los dos socios del PNV en el Gobierno vasco (EA y EB) apuestan por limitar el trabajo de la ponencia de víctimas constituida la semana pasada en el Parlamento autónomo a las del terrorismo y por tratar en otros foros otras eventuales conculcaciones de derechos humanos. Los socialistas anunciaron ayer que no acudirán a la ponencia si su trabajo no se limita a las víctimas de ETA.
La ponencia nació en crisis por la decisión del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, el peneuvista Iñigo Urkullu, de suprimir de su nombre oficial la palabra "terrorismo" que figuraba en el anterior. A ello su suma su posible apertura a otras reclamaciones, como las de los presos de ETA o las denuncias de torturas, como desea la izquierda abertzale.
El PSE advirtió ayer al PNV de que abandonará la ponencia si no limita su tarea a las víctimas del terrorismo. El secretario de organización de los socialistas vascos, Rodolfo Ares, dejó claro que no están dispuestos a permitir que en ese foro se metan asuntos ajenos a su cometido, como pretenden Aralar y EHAK. Ares señaló que el nombre del foro no preocupa a su partido, mientras cumpla el cometido para la que fue creada: velar por el cumplimiento de las 31 medidas dirigidas a las víctimas de ETA acordadas en pleno en febrero.
EB se sumó a la posición ya expresada por EA, al señalar que la ponencia deberá dedicarse sólo a las víctimas del terrorismo -"de ETA", precisó su portavoz, Oskar Matute- y derivar a otros foros cuestiones diferentes.
Se trata de la tercera ponencia que se constituye en la Cámara y la cuestión nominal no ha sido nunca inocua. La primera se llamó "de víctimas de la violencia" y en ella estuvo Euskal Herritarrok (EH), pero se fueron el PSE y el PP. La segunda se nombró "de víctimas del terrorismo" y no acudió Batasuna. Esta tercera se llama por el momento Ponencia Permanente de Víctimas y están todos los grupos.
Mientras, la consejería vasca de Interior mantiene intactas todas las partidas destinadas a proteger en 2006 a los amenazados por ETA. Las escoltas volverán a costar a las arcas públicas autonómicas más de 70 millones. Interior no ha tenido en cuenta de ninguna forma el levantamiento de la amenaza de ETA a los electos de los partidos constitucionalistas al elaborar sus cuentas. La mayor parte, 61,7 millones, se emplearán en pagar a las empresas de seguridad privada que prestan escolta y vigilan sedes. Otros nueve los gasta la propia Ertzaintza.
La atención a las víctimas del terrorismo recibe casi dos millones de euros ampliables para compensar daños y 240.000 euros para ayudas a sus asociaciones. En paralelo, la Consejería de Justicia, que encabeza Joseba Azkarraga, de EA, ha incluido en sus cuentas 204.000 euros (4.000 más que este año) para sufragar viajes de familiares de presos a cárceles sitas fuera de Euskadi. La partida está recurrida por el Gobierno y Azkarraga la ha incluido ahora en el área de familia del capítulo de inserción social.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de noviembre de 2005