Ante las informaciones publicadas sobre el fraude en la venta de las viviendas de protección oficial que, según parece, y así lo confirma la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), está bastante extendido (y en el que son cómplices algunas sucursales bancarias), es incomprensible que la Comunidad de Madrid, además de perseguir esta situación y aplicar sanciones correspondientes, no ejercite, en todos los casos de venta, el derecho que le asiste de tanteo y retracto cuando el vendedor solicita autorización sobre la venta.
Siempre había así viviendas de protección oficial disponibles y se pondría algún freno a la especulación del suelo. No puede ser que unos paguemos nuestra vivienda en régimen libre y, además, una parte de las de protección oficial concedidas a otros con parte de nuestros impuestos, para que hagan negocios sucios tanto vendedores como bancos que conceden préstamos a los cómplices de estas operaciones que son los compradores. Francamente, se le quitan a uno las ganas de pagar impuestos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de noviembre de 2005