Los "profesionales sanitarios que padezcan cualquier tipo de adicción" son los destinatarios del convenio que ayer firmó el consejero de Sanidad, Vicente Rambla, con representantes de los colegios de médicos valencianos. El acuerdo prevé la puesta en marcha del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime) cuyo objetivo es ofrecer a los facultativos atención sanitaria, tanto ambulatoria como hospitalaria "manteniendo la confidencialidad y la privacidad". El consejero añadió que aunque las redes asistenciales públicas "disponen de los medios adecuados para la atención", el hecho de que el afectado sea un facultativo "puede tener connotaciones negativas para el desarrollo de su labor".
El programa cuenta con una partida de 130.000 euros aprobada ya en los Presupuestos Generales de la Generalitat para 2006 y se pondrá en marcha a partir del próximo año en las tres provincias. El servicio, que responde a una "antigua demanda" de los colegios de médicos, según Rambla, ya funciona en el resto de comunidades autónomas, excepto en dos y se trasladará a otros colectivos como el de enfermeros u otros que desarrollen su actividad con "importante trascendencia social y cuyo tratamiento requiera un elevado nivel de privacidad o confidencialidad", según el consejero.
El consejero aseguró que la firma del convenio "no tiene nada que ver" con el juicio que se celebra contra el anestesista Juan Maeso, acusado de contagiar la hepatitis C a casi trescientos pacientes debido a una presunta dependencia de opiáceos. El programa "nada tiene que ver con las relaciones de aquellos profesionales que están en un mal momento y que necesitan algún tipo de ayuda", sino que "responde a una medida preventiva y no a un problema que Sanidad pretenda atajar", señaló.
El presidente del Colegio de Médicos de Castellón, el doctor José Antonio Herranz, apuntó que al programa se puede acceder de forma voluntaria, o bien por notificación de un compañero o familiar. En los casos voluntarios se pactará una terapia con el médico afectado para someterse al tratamiento, y cuando el facultativo no acepte el tratamiento, se le realizará un peritaje médico para determinar si es conveniente iniciarlo o no. Herranz manifestó que ante la sospecha de un caso, el colegio decidirá la posibilidad de obligar al peritaje del afectado. Si éste no presenta alguna incapacidad, podrá seguir con su trabajo, pero en caso contrario, "puede que se le incapacite".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de noviembre de 2005