De las iniciales en inglés del largo título de la ley -Proporcionar las Herramientas Adecuadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo- procede PATRIOT, que se aprobó el 24 de octubre de 2001, seis semanas después de los atentados de Nueva York y Washington. La normativa se recoge a lo largo de más de 200 folios que arrancan del objetivo de "prevenir y castigar acciones terroristas en EE UU y en el mundo y reforzar las herramientas policiales" y que se sintetizan así: mayor poder a las fuerzas del orden para interceptar comunicaciones; creación de nuevos delitos, nuevas penas y nuevos procedimientos en la lucha contra el terrorismo nacional e internacional; incremento de los controles en las fronteras; agilización de los procedimientos de detención y expulsión de sospechosos de actividades terroristas, y más poder al Tesoro para investigar movimientos de dinero.
De los detalles de la ley, los más polémicos -los que tienen que ver con la actualización de lo aprobado hace 27 años en materia de interceptación de comunicaciones electrónicas y refuerzo de otros poderes policiales- no se han convertido en permanentes. Se han prorrogado, y además se modifican. Ya no será posible que la policía consiga citaciones pasando por encima de la autoridad de un juez o de un Gran Jurado, como autoriza la ley. Otro pequeño alivio, más cosmético que otra cosa, establece que aunque se mantiene la posibilidad de acceso a los historiales financieros de los ciudadanos o a la información sobre los libros y vídeos que sacaron de las bibliotecas públicas, el FBI debe sujetarse a ciertas reglas a la hora de retener y utilizar esa información.
La ley, además, había resucitado las Cartas Nacionales de Seguridad, creadas hace 35 años y que permiten al FBI exigir el historial financiero, personal y de comunicaciones de personas no sospechosas de espionaje o terrorismo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de noviembre de 2005