La Fundación Alternativas celebró el pasado martes en Sevilla, un seminario en el que se analizó el proceso de reformas estatutarias en el que estamos inmersos. Entre el relativo optimismo de algunos y los temores de otros con respecto, fundamentalmente, a lo que pueda suponer la reforma del Estatuto catalán, la conclusión más importante fue que es bueno encontrarse y hablar, cambiar impresiones y saber qué pensamos unos y otros, sobre el proceso trascendente, que no dramático, por mucho que algunos se empeñen, en el que estamos inmersos. No hay drama, hay una apuesta por reformar, que siempre es ocasión para mejorar, pero que es cosa que, en general, suele poner muy intranquilos a los conservadores. Lo importante en todo caso es lo que hayamos conseguido al final del proceso y por eso es tan decisivo hacerlo bien. El Delegado de la Generalitat en Madrid, Santiago de Torres, pedía que se racionalizara el debate y defendía la manera en la que se contempla la financiación en el Estatut, asegurando que en ningún caso se especifican ni cifras ni porcentajes y, por supuesto, se tiene en cuenta la solidaridad. Insiste y concluye, por otra parte, en que ellos proponen un modelo de financiación aplicable a todos, si se quiere. El problema no es que el modelo que propone el Estatut pueda ser o no ser aplicable a todos, si lo quieren, lo que parece que les cuesta más trabajo entender a los defensores del texto catalán, es que el problema está en que la financiación debe ser algo que se acuerde entre todos, para matizarla en cada caso si es que debe ser así, pero desde luego para que lo acordado cuente con el apoyo de todos, con la aprobación de todos. Tuve la impresión, eso sí, de que los catalanes están algo preocupados de no ser entendidos y de ser considerados insolidarios, en un alargamiento de un discurso que no conviene a los intereses de comunidades como Andalucía, desde donde va quedando claro que no es solidaridad, sino igualdad lo que se quiere. Tan claro como lo especificaron, PSOE e IU que, precisamente ayer, acordaron en la reforma del Estatuto andaluz, una financiación en la que queda establecido el "principio de igualdad" en la prestación de servicios a los ciudadanos de todo el Estado. El PP no se sumó al acuerdo, pero esa es otra historia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de noviembre de 2005