La decisión de las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa de fijar un tipo del impuesto de sociedades en el 32% sin contar con Álava sigue generando cada vez más críticas. Ayer se sumaron los dos socios del PNV en el Gobierno vasco, EA y Ezker Batua, que reclamaron un gravamen unificado y la rectificación de ambas diputaciones. Eusko Alkartasuna también gobierna en coalición con los peneuvistas en Vizcaya, donde cuenta con dos de los diez diputados forales, y en Guipúzcoa (cuatro de diez).
EA señaló en una nota que el único acuerdo "razonable" es fijar un tipo único y abogó por que no sea inferior al actual (el 32,5%, anulado por el Tribunal Supremo) "para evitar pérdidas de recaudación que aminoren los ingresos públicos que sostienen el Estado del Bienestar".
El consejero de Vivienda y líder de Ezker Batua, Javier Madrazo, pidió a Vizcaya y Guipúzcoa una rectificación en sus decisiones sobre el gravamen ya que "están atacando a la sociedad vasca y al Concierto". Coincidió con EA en que la rebaja al 32% supone "perdonar impuestos a los empresarios" y la disposición de menos recursos "para llevar adelante políticas sociales".
Madrazo cree que la decisión implica una pérdida de credibilidad del Concierto en Europa cuando sus detractores digan, "y con razón, que ni siquiera en Euskadi" son capaces de ponernos de acuerdo entre ellos mismos. Por eso, en la misma línea que los socialistas, pidió una reunión urgente del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) "para reconducir esta situación".
Proposición socialista
La celebración de esta reunión será debatida en el Parlamento vasco, ya que el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, presentó ayer una proposición no de ley en la que insta a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, a convocar de inmediato al órgano en el que participan el Gobierno y las tres diputaciones y que fija las directrices del sistema fiscal específico vasco. Pastor realizó su propuesta, que la víspera ya fue anunciada por la ejecutiva de los socialistas vascos, por vía urgente ante "la situación de inestabilidad" generada para las empresas.
La Diputación de Álava comentó que el rechazo de EA al tipo acordado entre Vizcaya y Guipúzcoa supone "un elemento más" para que ambas diputaciones reconsideren su actitud de "romper unilateralmente el acuerdo que había para mantener un espacio fiscal armonizado", informa Europa Press.
El Gobierno central opinó ayer por vez primera sobre la polémica a través del vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien dijo que la reforma del impuesto de sociedades proyectada en toda España dará al Ejecutivo vasco más margen de actuación. Solbes advirtió en el pleno del Senado de que, en cualquier caso, es necesario respetar la normativa comunitaria.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 1 de diciembre de 2005