Hubo tensión entre los brigadistas rurales que ayer se concentraron ante la Consejería de Justicia en Valencia y los efectivos de la Policía Nacional desplegados para impedir que los botes de humo utilizados para emular un incendio entraran en el edificio. Un centenar de brigadistas de la empresa pública Tragsa, a la que la Generalitat debe 18 millones de euros, que han amenazado con no prestar el servicio de emergencias desde el 1 de enero, pidieron ayer al secretario autonómico de Interior, Luis Ibáñez, que resuelva una situación que CC OO y UGT consideran de "abandono" y "riesgo" de pérdida de puestos de trabajo. En la imagen, un inspector forcejea con los manifestantes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 3 de diciembre de 2005