La Asociación de Amigos de Orihuela criticó que el Ayuntamiento "no colabore" con el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, después de que éste solicitara que se impusiera una multa y se reconstruyera la Casa del Inquisidor de la ciudad, al considerar que había sido derribada ilegalmente.
En un comunicado, esta organización recordó que, en su día, denunció ante el Defensor del Pueblo el derribo de la mencionada Casa del Inquisidor, y que éste instruyó expediente. En dicho documento, calificó el derribo como un "atentado contra el patrimonio histórico" de todos los oriolanos, y especificó que se debía sancionar al propietario del inmueble. Esta asociación lamentó que el Ayuntamiento "tenga que figurar en las Cortes Generales como una institución hostil".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 5 de diciembre de 2005