El presidente de la Junta, Manuel Chaves, tendrá esta semana oportunidad para explicar en el Parlamento cómo va, a su juicio, el proceso de reforma del Estatuto andaluz. Será en la sesión de control al Gobierno y a preguntas del portavoz del Grupo Socialista, Manuel Gracia. Su valoración oficial coincidirá en el tiempo con los trabajos que inicia la ponencia parlamentaria creada a tal efecto y centrados en el capítulo de las competencias. La discusión se enmarca en un clima de entendimiento general entre el PSOE e IU al que se puede sumar el PA. Con todo, no conviene adelantar acontecimientos puesto que si tenemos en cuenta lo que asegura la portavoz izquierdista, Concha Caballero, parece que el acuerdo parece muy difícil de conseguir debido a la disparidad de las propuestas. Aunque, claro que se si se considera, en cambio, la opinión del coordinador general de dicha formación, Diego Valderas, las diferencias no son tantas. En cuanto a los andalucistas, resuelta ya la incógnita de las primarias a favor del secretario general, Julián Álvarez, parece que se muestran más decididos a entrar de lleno en el debate estatutario.
Puede servir de indicio lo sucedido en estos días con la oferta planteada por el presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, en relación a la introducción en el texto de la llamada claúsula Camps, del Estatuto valenciano, para garantizar así que ninguna otra comunidad consolide privilegios, en referencia a Cataluña. Aparte de la dudosa viabilidad legal y política de esta prerrogativa, el resto de fuerzas políticas ha arremetido contra esta iniciativa, interpretada como una desconsideración hacia el papel de Andalucía al supeditarla al proceder de otras. No tienen que ser muy firmes los principios en este sentido del representante popular porque, una vez conocido el fuerte rechazo que ha tenido su idea, inmediatamente abandona la apelación al valenciano y se muestra ahora partidario de llamarle como sea a tal figura, lo importante es que se garantice que Andalucía no sea discriminada, dice.
Lo que pone de manifiesto este forcejeo es que, a medida que entramos a definir, a concretar ideas para reflejar en el Estatuto andaluz, es cuando se evidencian más claramente las actitudes de unos y otros. Ocurrió con lo de los principios generales de la financiación y puede suceder ahora con el de las competencias. Son dos asuntos capitales en los que el PP se está quedando escandalosamente fuera. Y lo peor es que, mientras tanto, se están cerrando espacios por lo que puede que, al final, sea bien difícil pretender incorporar, a última hora, algunos de sus criterios. Es el grave riesgo que corren, tal y como se les ha advertido, incluso, desde sectores muy próximos a la derecha andaluza. Todo ello, cuando en las encuestas, con ficha técnica publicada y reconocida, como la de ayer de El Correo de Andalucía, se consagra una notable diferencia de hasta quince puntos a favor del PSOE, partido al que los consultados siguen identificando como la formación que mejor defiende los intereses de Andalucía. En contraposición a eso, apenas se percibe recuperación alguna del PP, ya de la mano de un Javier Arenas al que se le observa moverse a la desesperada tratando de rematar todos los balones posibles con tal de conseguir un mínimo de protagonismo. Y lo peor es que los acontecimientos no le acompañan. Ni siquiera en lo referente a la reivindicación, tardía, del cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda, más conocida como Deuda Histórica. Todo hace indicar que en Madrid se están removiendo lo obstáculos existentes en la administración central para que se cierre cuanto antes este asunto pendiente. Tal y como el consejero de Economía, José Antonio Griñán ha apuntado, durantes estos días se han mantenido contactos para la celebración de la reunión de la Comisión Mixta Junta-Gobierno que aborde el asunto, quizá de forma inminente. De ser así, merece la pena resaltar el hecho de que se reuniese dicho órgano después de años, dado que la última reunión se produjo en diciembre de 1995.En los ochos años de gobierno del PP se limitaron a liquidar los 20.000 millones de pesetas que se habían contemplado durante la etapa de Felipe González.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de diciembre de 2005