Francisco Serrano (Madrid, 1965) es juez de familia en Sevilla desde hace ocho años. También ha sido juez de primera Instancia e Instrucción en Valverde del Camino (Huelva). Le gusta hablar de su trabajo para que la sociedad perciba al juez como una persona cercana y entienda lo complicado que es administrar justicia. Suele decir que los juzgadores no pueden vivir en una torre de marfil.
Pregunta. ¿Le quitan el sueño las situaciones familiares que tiene cada mañana en su despacho?
Respuesta. Llega un momento en que te acostumbras. Tenemos asumido que vemos situaciones donde afloran los sentimientos y está en juego el interés de unos niños. Y las personas que acuden a nosotros se encuentran en situaciones de crisis y angustia vital. Eso hay que dejarlo en la mesa cuando te vas a casa.
P. ¿Es más difícil adoptar resoluciones que afectan a los niños que a los adultos?
R. Por supuesto. Los mayores nos buscamos los problemas. Los niños no tienen la culpa de nada y deberían ser ajenos, en la medida de lo posible, a ese conflicto que generan los adultos.
P. ¿No cree que se demoran demasiado los procedimientos en los juzgados de familia?
R. La sentencia en un procedimiento de mutuo acuerdo está redactada en un mes o menos. En un procedimiento contencioso tarda entre tres y cuatro meses. Somos rápidos en comparación con los juzgados de violencia.
P. ¿Es partidario de que los juzgados de violencia tengan competencias civiles?
R. Ni yo ni el 95% de los profesionales. Me refiero a jueces, secretarios y abogados de familia. Esas competencias civiles nunca tendrían que haber salido de los juzgados de familia. No deberían estar en los juzgados de violencia. Habría que atraerlas de nuevo. Se ha criminalizado el derecho de familia y se ha creado una discriminación negativa hacia las mujeres maltratadas.
P. ¿Por qué?
R. Los juzgados de violencia no tienen ni posibilidad ni capacidad de asumir ese trabajo. A mí me crea hasta un conflicto moral interno. Es una aberración. Yo podría resolver todo lo relativo a la pensión, los hijos y la vivienda de una mujer maltratada en dos o tres meses. El juzgado de violencia lo hace en un año o en año y medio. Y mientras, la mujer maltratada tiene que irse a pedir a Cáritas.
P. ¿Qué ocurre para que salgan a la luz tantos conflictos entre familias de acogida y familias biológicas?
R. Lo primero que tiene que hacer la administración es apoyar a la familia biológica y luego intentar que el menor se quede en su núcleo familiar, con los abuelos o tíos. Hay que promover las reinserciones en el ambiente más cercano al niño.
P. ¿Se están convirtiendo los acogimientos familiares en una puerta falsa para la adopción?
R. Existe el acogimiento preadoptivo. Lo que debe hacer la Junta es un pronóstico de recuperación de los padres biológicos a medio y largo plazo. Y sólo cuando no quepa la misma, conceder el acogimiento preadoptivo.
P. A usted se le han planteado varios conflictos con la Audiencia de Sevilla por ese motivo.
R. Se crean situaciones irreversibles. Cuando pasan tres o cuatro años el niño crea un vínculo afectivo y un entroncamiento con la familia de acogida. Para evitarlas, he propuesto, junto con un fiscal de Sevilla, una reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
P. ¿Y en qué consiste?
R. En establecer plazos. Dar un plazo a los padres biológicos para que recurran la resolución de desamparo de sus hijos que decrete la administración. Y que un juez decida si está fundamentado. Después, que, en otro plazo establecido, también puedan alegar que han cesado las circunstancias de desamparo. En muchas ocasiones, ahora, los padres sólo se oponen al desamparo cuando el niño se entrega en acogimiento. Nunca cuando están en los centros.
P. ¿Se hace un seguimiento real de los menores?
R. No se realiza el que debería hacerse ni por parte de la fiscalía ni por parte de la administración. No hay medios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de diciembre de 2005