El anteproyecto de ley contra el tabaco que aprobará en los próximos días el Congreso es implacable con los centros de trabajo, donde quedarán prohibidas las salas de fumadores y no habrá moratorias para que las empresas se adapten a la normativa. En el momento en que la ley entre en vigor, el trabajador que quiera fumar deberá salir fuera. Pero ¿dejarán los empresarios que sus empleados hagan paréntesis en la jornada laboral para ir a la calle a encender un pitillo? En Cataluña, los empresarios se inclinarán por no conceder pausas, según las patronales Fomento del Trabajo y Pimec.
MÁS INFORMACIÓN
El anteproyecto de ley contra el tabaco aprobado por el Senado y que debe ratificar el Congreso establece un periodo de 18 meses para que los bares y restaurantes se adapten a la normativa y realicen las obras necesarias si optan por crear zonas de fumadores. Los centros de trabajo, en cambio, no tendrán posibilidad de crear áreas de fumadores ni dispondrán de un periodo de adaptación. La "radicalidad" de la medida ha generado inquietud tanto en las patronales como en los sindicatos. El anteproyecto de ley establece que, salvo en los trabajos al aire libre, quedará totalmente prohibido fumar en todos los centros laborales a partir del mismo día en que la norma entre en vigor, previsiblemente el 1 de enero de 2006. Así, fumar durante la jornada laboral sólo será posible si el trabajador sale al exterior, pero esta posibilidad se vislumbra como una fuente inagotable de conflictos en el seno de las empresas. Al menos así lo consideran las patronales Fomento del Trabajo y Pimec.
"¿Quién pagará el coste del tiempo que el trabajador se ausenta para fumar?, ¿quién controlará las pausas que realiza el empleado?, ¿deberán disponer también de tiempo libre los trabajadores no fumadores para no crear agravios comparativos?", se pregunta Josep Hallado, director de relaciones laborales de la patronal de la pequeña y mediana empresa. "Desde Pimec no hemos dado directrices a los empresarios, pero es fácil adivinar que la gran mayoría de ellos optarán por no establecer pausas para los trabajadores fumadores porque esto generaría un desbarajuste y sería una fuente de conflictividad", señala.
En términos parecidos se expresa el secretario general de Fomento del Trabajo, Joan Pujol, quien agrega que dejar salir al trabajador a fumar en la calle "significa darle facilidades para que mantenga su hábito, cuando lo que persigue la ley es justo lo contrario". Fomento del Trabajo tampoco dará instrucciones a los empresarios, pero Pujol sostiene que la mayoría ya lo tienen claro: no habrá permisos.
Pactar permisos
La rotundidad con la que previsiblemente actuará el empresariado chocará con la postura de los sindicatos, que defienden la vía de la negociación y el pacto entre patronos y trabajadores para decidir en cada centro si hay que instaurar permisos para salir a fumar y cómo organizarlos. Ésta es la postura que CC OO defiende ante el alud de peticiones de asesoramiento que la formación sindical está recibiendo en los últimos días de representantes sindicales y comités de empresa.
"La ley nos deja poco margen de maniobra, pero ante la imposibilidad de disponer un plazo de adaptación, la mejor solución es el consenso entre trabajadores y empresarios, como se hizo con la ley de prevención de riesgos laborales de 1995", señala Antoni Tuà, responsable de política sanitaria de CC OO. Esta vía, defendida por los sindicatos, de pactar permisos para salir a fumar facilitaría las cosas a los trabajadores que fuman un pitillo tras otro y que, de pronto, deberán dejar de fumar de manera radical si no se les permite salir a la calle. "Fumar es una adicción y dejarla no suele ser un objetivo que se logre de un día para otro", señala Tuà.
Otro de los aspectos del texto legal que generan preocupación, especialmente entre el empresariado, es la misión que se les encomienda de garantes para el cumplimiento de la ley. Dejar que se fume en el trabajo puede suponer para el directivo que está al frente de la empresa unas sanciones de hasta 10.000 euros. Si el infractor es el trabajador, será sancionado sólo con 30 euros. El anteproyecto de ley no especifica quién asumirá las labores de control de cumplimiento de la normativa, pero la Generalitat plantea que sean los inspectores de Trabajo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de diciembre de 2005