Desde hace más de quince años, la imagen habitual de un representante de una asociación gitana al lado de un político tiene que ver con la entrega a éste último de una placa honorífica que le reconoce como una especie de salvador. Es la manera común de evidenciar el buen rollo derivado de la concesión habitual de las múltiples -aunque no espectaculares- subvenciones para programas y talleres a las que, desde la década de los ochenta, acceden las asociaciones. En su momento, Ricardo Borrull, gitano valenciano que estuvo al frente de la secretaría de la Comisión para la Promoción y Desarrollo del Pueblo Gitano, declaró a EL PAÍS: "Con este sistema, por un lado, una parte influyente del movimiento gitano se arrima al partido político en el poder; y por otro, los políticos comprenden que pueden mantener callado a un pueblo a través de algunos de sus miembros". En los últimos diez años, este modelo se ha consolidado hasta el paroxismo. Lo insólito es que empiezan a trascender puntos de vista muy encontrados.
La semana pasada se presentaba en Valencia la última e impactante campaña contra el racismo de la Fundación Secretariado Gitano. En la mesa había miembros de la Administración autonómica y también Juan Roige, presidente en funciones de la FAGA, federación asociativa gitana de la Comunidad. En el turno de Roige, éste dijo que detectaba "un parón en el apoyo del Gobierno autonómico" a su pueblo. Según él, "últimamente se han concentrado más recursos en los inmigrantes y menos en los gitanos". Además, mencionó favorablemente a Zapatero y a la reciente proposición no de ley estatal que insta a las administraciones a impulsar al pueblo gitano.
Semanas antes, el propio Roige había tenido un desencuentro público con Francisco Camps, en unas jornadas de la FAGA. "Le dije que teníamos que solucionar un tema con los monitores de absentismo escolar, quiero que estén todo el año activos y remunerados", recuerda. En otro foro, tiempo atrás, Lola Fernández, responsable de la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas de Valencia, se quejaba públicamente de que, excepto una representante del Institut de la Dona, ni un solo político invitado había acudido a una actividad que la asociación había dispuesto. "Y eso que el dinero lo han dado ellos", se extrañaba.
¿Está pasando algo para que haya grietas en un modo de funcionar tan establecido? "Hay un aburrimiento general de que no se haga lo que corresponde", dice Juan Roige. "Está claro que la inmigración crece y su situación es un caos, pero la voluntad política no puede desfavorecer a los gitanos", opina. "En el Parlamento valenciano se habla de los inmigrantes, pero de allí no trasciende nada relacionado con nuestro pueblo", insiste, pese a que el PP tiene un diputado de etnia gitana, Manuel Bustamante.
El director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Servef), Javier Asín, también ha opinado en público, pero de manera contraria. "La Generalitat está sensibilizada con lo gitano, y lo demuestra en los presupuestos, cada vez hay más direcciones generales que dan dinero". Según los presupuestos de 2004, el Servef destinaba a entidades sociales y ONG -gitanas y de cualquier tipo- casi 9,5 millones de euros. "Hay consejerías que dan subvenciones a fondo perdido", decía Asín, "pero el Servef exige que se cumplan objetivos de formación y empleo, sólo eso garantiza buenos resultados". Sin embargo, Juan Roige concluye: "Ojalá se nos supervisara de verdad, que haya un seguimiento real, así se verá que los gitanos no somos capaces de llegar a cosas como el agujero de Terra Mítica".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de diciembre de 2005