El Ministerio de Agricultura, las organizaciones agrarias y las industrias han iniciado conversaciones para analizar el contenido de la reforma aprobada de la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar. El objetivo de estos contactos es iniciar el camino para proceder a un proceso de ajuste ordenado del cultivo en los próximos cuatro años. El cierre de fábricas se realizará en función del abandono de cultivos.
En contra de lo sucedido en la última década para otras producciones agrarias, en el caso de la OCM del azúcar no había sufrido apenas cambios en los años precedentes. Sector y Administración coincidían en la necesidad de introducir cambios en la actual OCM para adaptar la misma a las reformas de la PAC, así como a las exigencias que se deriven de los acuerdos futuros en la OMC.
Sin embargo, todas las partes coinciden también en señalar que las modificaciones han ido más lejos de lo esperado. A pesar de ello, se confía que los próximos cuatro años de rebaja progresiva de precios y aumento de ayudas compensatorias, den la posibilidad de hacer un cambio sin situaciones traumáticas para agricultores y las propias industrias.
Para abordar definitivamente la reforma y conocer todos sus efectos sobre ambas partes, se considera indispensable esperar al menos dos meses hasta conocer la redacción final de los reglamentos comunitarios .
En principio, según el acuerdo político adoptado por los ministros de Agricultura de la UE, las industrias tienen la capacidad para proceder al cierre de una planta percibiendo las compensaciones correspondientes tanto para la empresa como en un mínimo del 10% para los agricultores que se vieran afectados.
Dos alternativas
Tras la reforma, los agricultores también tienen la posibilidad de decidir ya en los próximos meses, con vistas a la nueva campaña de siembras, si siguen en la actividad u optan por abandonar y cobrar las ayudas desacopladas que pueden llegar a una media de 900 euros por hectárea.
Conjugar ambas posiciones constituye uno de los ejes de la aplicación de la futura reforma. De entrada, desde Ebro Azucarera que supone el 78% de la cuota de producción, se adelanta que el grupo no va a proceder al cierre de ninguna fábrica de forma unilateral hasta no ver cuál es la respuesta de los agricultores de optar por seguir en la actividad o abandonarla. De esta forma, el cierre de una planta o su continuidad dependerá de las decisiones que adopten los remolacheros. Habrá cierres cuando se estime que en una determinada zona no hay producción suficiente para mantener una empresa en una posición de competitividad, indican las mismas fuentes.
Desde el sector agrario y la industria se coincide en señalar que corresponde al Gobierno y a los partidos impulsar decisiones políticas para que el desarrollo de plantas de bioetanol basadas en las producciones agrícolas sean una posibilidad real. Para UPA, Agricultura ha planteado el desarrollo de mesas de trabajo para impulsar los biocombustibles, pero todo ello no va a ninguna parte si no hay un impulso político claro desde el Gobierno con medidas fiscales y exigencias a las empresas del petróleo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de diciembre de 2005