El Gobierno y el PSOE anunciaron hace un mes que querían llegar a fin de año con la negociación básica del nuevo Estatuto de Cataluña cerrada. Ya se da casi por hecho que habrá que habilitar enero -mes de vacaciones parlamentarias en el Congreso- para ampliar el plazo de enmiendas. El punto más complejo es el de la financiación. El PSOE apremia al vicepresidente económico, Pedro Solbes, pero éste tiene que buscar una fórmula que satisfaga a los catalanes y sea apoyada por todas las demás comunidades. Los socialistas han decidido respetar la clasificación competencial propuesta -exclusivas, compartidas y de ejecución-, por lo que tendrán que enmendar el Estatuto punto por punto.
La negociación del Estatuto de Cataluña, relativamente paralizada por las minivaciones de la semana pasada, continúa su marcha pero se complica según avanza. Los negociadores catalanes insisten en que es el PSOE quien tiene prisa, y no ellos, porque el debate sobre el Estatuto, al menos hasta el momento, perjudica claramente al Ejecutivo, que tiene por tanto interés en resolverlo cuanto antes.
La clave está en manos de Pedro Solbes. Es él quien está elaborando una propuesta para un nuevo sistema de financiación autonómico para todas las comunidades, que beneficiaría a Cataluña y otras autonomías ricas, como Madrid, que han sufrido fuertes aumentos de población.
Los negociadores socialistas confiaban en que estuviera listo antes de fin de año. Eso sería fundamental porque los partidos catalanes, antes de asumir siquiera la posibilidad de renunciar a su modelo propio, quieren ver cómo afectaría a su comunidad la propuesta de Solbes. Pero el desarrollo técnico, los cálculos de las distintas fórmulas, y la búsqueda de una que no perjudique a comunidades menos ricas, como Andalucía, con casi ocho millones de habitantes, retrasa los plazos. Solbes y su equipo aún no se han puesto en contacto con los diferentes consejeros autonómicos para comenzar a debatir el modelo.
Tampoco tiene fecha el siguiente paso natural: la reunión de los negociadores del Gobierno y los cuatro partidos catalanes, que reclama ERC y ya ha aceptado CiU. El Ejecutivo prefiere que sea pública y se celebre cuando la negociación esté más madura.
Tres interlocutores del PSOE y el Gobierno dan por hecho, que, efectivamente, habrá que habilitar enero para ampliar el plazo de enmiendas.
Por otra parte, los negociadores socialistas han asumido la clasificación competencial que recoge el proyecto de Estatuto -exclusivas, compartidas y de ejecución-, por lo que tendrán que enmendar el texto punto por punto. La consecuencia inmediata de esta decisión procedimental es que la extensión del proyecto de Estatuto mantendrá su amplitud al ser el capítulo competencial uno de los más extensos y detallados del texto.
La asunción de esta clasificación competencial, que los negociadores socialistas califican de "academicista", es una compensación del Gobierno y el PSOE a los partidos catalanes por la firmeza que mantienen tanto en la financiación autonómica como en la denominación de Cataluña, asuntos que se resolverán en el último minuto de la negociación.
Esta última cuestión se plantea complicada porque los partidos catalanes no han renunciado a denominar a Cataluña como nación y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado recientemente que presentará fórmulas alternativas.
Zapatero ha sido sensible al rechazo que provoca en muchos españoles que una comunidad autónoma se autodenomine nación cuando la mayoría de los ciudadanos, incluidos muchos catalanes, consideran que la única nación es España.
El presidente del Gobierno, durante la tramitación del Estatuto en Cataluña, no hizo cuestión de este asunto al considerar que en términos constitucionales no presentaba problemas. Su decisión definitiva es una consecuencia del fuerte debate que ha provocado esta cuestión en la opinión pública.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de diciembre de 2005