La Comisión de Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno del Parlamento creará hoy en su seno la ponencia en la que los grupos discutirán la reforma del Reglamento de la Cámara, que decidieron volver a abordar en junio pasado. El detonante de este nuevo intento fueron los problemas surgidos al inicio de la legislatura con los empates sucesivos para la elección de presidente y con la constitución de los grupos. Ambos conflictos pusieron de manifiesto de nuevo la necesidad imperiosa de reformar un reglamento desfasado y lleno de lagunas.
El anterior intento fracasó en 1998, tras cuatro años de trabajo, cuando los grupos habían pactado ya un texto, que finalmente volvió a cajón al votar el PNV y EA junto con HB contra el acatamiento de la Constitución para tomar posesión del escaño que habían propuesto los socialistas. Esa votación supuso la ruptura de la ya dañada coalición de gobierno PNV-PSE.
El PSE mantiene también ahora dicha propuesta y los grupos no han intercambiado aún fórmulas para superar ese escollo.
El Reglamento de la Cámara data de 1983 y se inspiró en la norma que regía las Cortes Generales en 1977, es decir, antes de la aprobación de la Constticuión y de los estatutos de autonomía.
La norma ha sido objeto de varios retoques, el de mayor calado en 1988, pero está cuajada de anexos con resoluciones de la Presidencia, que han solventado problemas o generado conflictos, como la que estableció en 2001 la votación por separado de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, para garantizarse el Gobierno su aprobación.
Los grupos entregaron a finales del mes pasado sus propuestas de modificación, que atañen, entre otros asuntos, a la celebración de plenos de control al Gobierno, la cuestión de confianza y la moción de censura al lehendakari, la censura a los miembros de la Mesa de la Cámara o la regulación del voto en casos de ausencia por fuerza mayor.
Para junio
La conciliación de la vida familiar y laboral de los parlamentarios, la apertura de la Cámara a la sociedad y el fomento de la transparencia o las sanciones por incumplir los deberes del cargo son otros aspectos tratados.
Su trabajo ha partido del acuerdo ya alcanzado en 1998. Las fuentes consultadas, tanto en los propios grupos como en los servicios de la Cámara, creen razonable que para junio se sustancie un acuerdo total o parcial.
Sobre muchas de las nuevas enmiendas es previsible que se alcancen transacciones sin problema, pero ningún portavoz adelanta con qué fórmula podría sortearse esta vez el desacuerdo sobre el acatamiento constitucional. No será el único obstáculo, pues también en otras cuestiones Gobierno y oposición mantienen intereses contrapuestos que resultará difícil conciliar.
La minoría del Ejecutivo dificultará probablemente el acuerdo en algunas pretensiones de la oposición que pueden ponerle más cuesta arriba aún su labor y que habrían sido tal vez más fácilmente aceptadas en momentos de mayor holgura.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de diciembre de 2005