El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha propuesto al Ministerio de Industria que los trabajadores de las centrales nucleares tengan que denunciar los fallos que observen (si son graves directamente al CSN) sin que puedan ser despedidos. La figura del informador, inspirada en la legislación estadounidense, está incluida en el borrador de Decreto de Instalaciones Nucleares y Radiactivas que el pleno del CSN ha enviado a Industria. El borrador obliga a las centrales a estudiar las mejoras de seguridad que aparezcan en el mercado e implantarlas "siempre que sean económica y técnicamente viables". Fuentes del CSN afirman que casi todo es viable y que así se obliga a renovar las centrales continuamente.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha emprendido cambios normativos para evitar que se repitan incidentes como el de Vandellòs II (Tarragona). La central ocultó durante 11 años que una tubería sufría una corrosión. La tubería se rompió en agosto de 2004. El CSN lo calificó como el suceso más grave desde 1992, no debido a que hubiera riesgo para la salud o el medio ambiente (la tubería dañada está lejos del núcleo) sino por la forma de trabajo de la planta a la que acusó de "primar la producción sobre la seguridad". Finalmente, la central relevó a la cúpula directiva y ahora se enfrenta a una multa millonaria. El Congreso criticó a la central y concluyó que el CSN había fallado en la labor de control.
El pleno del CSN aprobó el pasado 11 de noviembre la creación de los informadores, trabajadores de las centrales que denuncian los fallos directamente al CSN. La existencia de estos informadores es una de las viejas reivindicaciones ecologistas. Los estadounidenses los llaman whistle blowers, algo así como "los que tocan el silbato".
El Consejo ha introducido la modificación en el borrador de real decreto sobre instalaciones nucleares y radiactivas, que sustituirá a la norma de 1999. El CSN prepara esa norma desde hace años y lo acaba de enviar a Industria. En materia nuclear, el CSN propone la legislación y el ministerio dispone.
"Procedimiento sencillo"
"El titular establecerá un procedimiento claro y sencillo para garantizar que todo el personal de la instalación o de las empresas subcontratadas y de las que prestan servicios a las mismas pueda comunicar al titular aquellas deficiencias que pudieran afectar a la seguridad nuclear, todo ello sin perjuicio de los derechos generales del ciudadano", afirma el texto, de 37 páginas y al que ha tenido acceso este diario. Con "los derechos generales del ciudadano" se refiere a que no podrán ser despedidos. Si en menos de siete días la central no contesta con un informe detallado, "el comunicante podrá transmitir al CSN la información".
Para los casos graves, el trabajador podrá "transmitir la información al CSN en el momento en que advierta la deficiencia o disfunción apreciada". En el punto destinado a las obligaciones del personal de la central, el Consejo incluye que "los supervisores y operadores están obligados a poner en conocimiento del titular los defectos en los documentos oficiales [...] o en los procedimientos de operación", según el mecanismo anterior.
Uno de los puntos más importantes del borrador de decreto es uno de los que a primera vista pueden pasar desapercibidos. En el apartado destinado a la responsabilidad del titular, el borrador de real decreto endurece las condiciones de seguridad y obliga a las centrales a "velar de forma continua por la mejora de las condiciones de seguridad nuclear protección radiológica de su instalación".
Para conseguirlo, el decreto obliga a las centrales a "analizar las mejoras técnicas y prácticas existentes e implantar las que resulten idóneas, siempre que sean económica y técnicamente viables". La clave está en que "casi todo es técnica y económicamente viable", según fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear.
Aunque las centrales ya remozan sus equipos (cuando se crearon, muchos dispositivos eran analógicos y ahora son digitales), lo hacen según su criterio y desde 1997 ha caído la inversión en las centrales nucleares. Las nucleares invirtieron en 2003 un 59% menos que en 1996. Hasta la reforma del sector eléctrico, de 1997, el Estado pagaba las modificaciones con dinero de la tarifa eléctrica.
El informe confidencial del CSN sobre el incidente de Vandellòs II vinculó el accidente con el recorte de inversiones. El Foro nuclear (que agrupa a las siete centrales españolas) atribuye el descenso de la inversión al fin de algunas grandes obras, como la sustitución de la tapa de la vasija de José Cabrera o el cambio de turbinas en Ascó, que concluyó en 1996.
Ahora, además el CSN "podrá requerir en cualquier momento el análisis del titular para la implantación de las mejoras en la seguridad nuclear y protección radiológica"
El consejo aumenta el control de las plantas tras el suceso de Vandellòs II
La impunidad para quienes informen de fallos se une al cambio normativo que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acordó el 2 de noviembre. Entonces, el consejo aprobó modificar el cuadro sancionador para que ocultar información sea considerado falta grave. Además, ha dado más poder a los inspectores. "Se trata de descubrir los fallos en las centrales aunque los titulares lo intenten ocultar", explican fuentes del CSN. El objetivo es que ninguna central pueda ocultar los problemas, como hizo la de Vandellós II.
El borrador introduce cambios técnicos en el resto del documento, que afecta también a las instalaciones radiactivas de los hospitales. En general se trata de agilizar los procedimientos ante la proliferación de fuentes radiactivas y dar más participación a las comunidades autónomas, como recomendó el Congreso en 2004 en una resolución sobre el informe anual del CSN.
Además, para solicitar la autorización de explotación para una nueva planta el CSN pide un nuevo documento, "un plan de protección física". Se trata de un documento confidencial sobre las medidas de protección física frente a ataques del exterior. Tras el 11-S, el Consejo consiguió que el Gobierno prohibiese sobrevolar las nucleares, según ha desvelado su presidenta, María Teresa Estevan Bolea.
La modificación propuesta del CSN llega a la vez que el Congreso comienza a trabajar en la reforma de la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear a propuesta de Izquierda Verde. La proposición de ley incluye este procedimiento para que denuncien los trabajadores. El responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, critica que el consejo quiere adelantarse a la ley aunque apoya que los trabajadores puedan denunciar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 12 de diciembre de 2005