El claustro de la Universidad Jaume I de Castellón aprobó ayer las propuestas que trasladará al Ministerio de Educación para que sean incluidas en la reforma de la Ley Orgánica de Universidad (LOU). Entre las iniciativas que apoya el claustro de la universidad castellonense se encuentra una que señala que haría falta que, desde su entrada en vigor, el sector público "no pueda crear universidades mediante personas jurídicas participadas públicamente (fundaciones, sociedades, etc)", que es precisamente la fórmula que pretende utilizar la Generalitat Valenciana para la creación de la Universidad Internacional. En todo caso, según la propuesta de la Jaume I, estos centros "deberían ajustar su funcionamiento a las reglas aplicadas a las universidades públicas", en referencia a la elección de los órganos de gobierno.
En la Jaume I el malestar es doble ya que la Generalitat ha decidido ubicar la Universidad Internacional en el edificio de la Audiencia Provincial de Castellón, cuyas dependencias serán trasladadas en 2006 a la Ciudad de la Justicia, y cuyo uso ya había reclamado la universidad castellonense.
El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, el alcalde de la capital de La Plana, Alberto Fabra, y el rector d la Jaume I, Francisco Toledo, mantuvieron en la noche del lunes una reunión imprevista en la que alcanzaron un principio de acuerdo para fijar los usos compartidos tanto del edificio de Hacienda como de la Audiencia. Tal como dijo Toledo, este acuerdo habrá de estar firmado antes de que el Gobierno decida a qué institución (universidad o ayuntamiento) cede el uso del edificio de Hacienda.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de diciembre de 2005