El consejero de Territorio y Vivienda encajó estoicamente el acuerdo del Parlamento Europeo. Rafael Blasco reiteró que las críticas de Europa a la normativa urbanística valenciana se refieren a una ley que aprobó el último Gobierno socialista de la Generalitat valenciana, en 1994 -la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)-, norma que el PP no modificó y ha puesto en práctica en sus 10 años de mandato. Las críticas se refieren a los efectos perversos que contenía la LRAU, que Blasco asegura haber eliminado en la Ley Urbanística Valenciana (LUV): "Las sugerencias de la UE están recogidas en nuestra nueva ley", dijo el consejero popular.
Antes de incorporarse al PP, Blasco militó en el partido de los socialistas valencianos y desempeñó el cargo de consejero de Obras Públicas durante el Gobierno que presidía Joan Lerma. Éste lo apartó del Ejecutivo valenciano en diciembre de 1989 tras verse implicado en un caso de supuesta corrupción, del que fue absuelto después de que el Tribunal Supremo anulase las grabaciones.
"Aunque el acuerdo del Parlamento Europeo no es vinculante, sí tiene una fuerza moral, que nosotros no obviaremos", añadió. En este sentido, Blasco habló, sin fijar una fecha, de una moratoria a nuevos planes que planteen recalificaciones de suelo no urbanizable.
Blasco también confirmó el interés de su departamento de agilizar los trámites para la aprobación de la LUV. El portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, anunció que propondrá a la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico la convocatoria de un pleno la última semana de diciembre para aprobar la LUV, lo que evitaría la moratoria.
El proyecto de la LUV endurece algunos de los aspectos más polémicos de la LRAU, pero no gusta a la plataforma Abusos Urbanísticos No, ni tampoco al departamento de Mercado Interior de la Comisión Europea.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de diciembre de 2005