La detención de dos militantes del PP tras una supuesta agresión a José Bono, ministro de Defensa, durante una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el 22 de enero de 2005, volvió a enfrentar ayer al Gobierno con el PP, por quinta vez en sede parlamentaria. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, y la diputada popular Alicia Sánchez Camacho se acusaron mutuamente de mentir y, sobre todo, de utilizar a la policía con fines políticos. El PP aseguró que la detención de dos de sus militantes por la supuesta agresión tuvo "una intencionalidad política", a lo que Alonso replicó que los populares usan "a la policía y las instituciones para cargar contra el Gobierno".
La interpelación sobre el llamado caso Bono reunió en el Congreso a 16 diputados del PP y a 21 del PSOE. Sánchez Camacho se basó en varios autos judiciales para negar la existencia de la agresión a Bono, y para calificar de "tropelía" e "indignidad" las detenciones de sus militantes Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz. Luego, acusó al Ejecutivo de haber falseado documentos policiales, de haber ordenado las detenciones ("o usted o el señor Bono", dijo) "con clara intencionalidad política" y de haber cambiado a los instructores del expediente hasta hallar uno propicio a las detenciones. Por ello, y ante el próximo juicio de los policías que instruyeron el expediente, pidió a Alonso que asumiera sus responsabilidades y abandonara el cargo. "Es una vergüenza y una inmoralidad y ustedes dejan a tres policías a los pies de los caballos", señaló.
Alonso acusó al PP de intentar "judicializar la política" y de manipular los autos judiciales "para convertirlos en sentencia". El ministro recordó que durante el mandato del PP hubo 578 denuncias por detenciones ilegales, que, dijo, "quedaron en nada y nadie las usó políticamente contra ustedes".
Alonso hizo suya una afirmación de Sánchez Camacho de que la policía "lo único que hizo fue su trabajo", para responder: "La diputada ha dicho algo asombroso: ¡que los policías hicieron su trabajo y les pide 20 años de condena!". El ministro, tras negar las acusaciones y dar por sentada la agresión, sentenció: "No utilicen una actuación profesional de la policía para cargar políticamente contra el Gobierno. No merece la pena y es una insensatez política".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de diciembre de 2005