Leyendo las continuas informaciones sobre la situación de las prisiones en el País Vasco, parecería evidente la disposición del Ejecutivo autónomo a hacerse cargo de la transferencia penitenciaria. La duda surge cuando se pertenece al colectivo de maestras y maestros de prisiones y se observa que es precisamente esta comunidad la única que se niega a admitir el traspaso de los servicios educativos penitenciarios. En el resto, la transferencia ya es un hecho, a falta de Cantabria (donde se concretará para comienzos del próximo año, y Aragón, que está en negociación).
El desconcierto de quienes se hallan en esta situación es grande. ¿Por qué se reivindica, de manera machacona, la transferencia penitenciaria desde el Departamento de Justicia, al tiempo que se rechaza la competencia educativa? ¿Alguien del Gobierno vasco puede ofrecer una respuesta convincente que no tenga que ver con motivaciones políticas y sí con argumentos de calidad y mejora en la prestación del servicio educativo? Y, si no existen tales razones, ¿hasta cuando habrá que seguir aguantando esta situación inaceptable?- Carmen Urruela. Basauri.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de diciembre de 2005