La legalidad urbanística prima sobre el beneficio de una empresa. Ésa es la tesis del Tribunal Supremo, que ha corregido al TSJA al decretar la paralización cautelar de una urbanización de 51 viviendas en Almuñécar (Granada) amparada por una licencia presuntamente ilegal. La resolución llega con los trabajos terminados y las viviendas entregadas, por lo que sólo se restaurará el orden urbanístico si Obras Públicas gana el pleito y se demuelen las viviendas, algo improbable por el perjucio a sus compradores. Su valor está en que constituye precedente para futuros contenciosos.
El Ayuntamiento otorgó licencia a la promotora Playa Costa Tropical para construir 51 viviendas el 14 de enero de 2002, cuando el municipio lo gobernaba el PP. La Junta recurrió ese acto por considerarlo ilegal al basarse en un Estudio de Detalle con incremento de edificabilidad respecto a lo que establecía el PGOU y pidió la paralización cautelar de las obras. El TSJA la denegó teniendo en cuenta el perjuicio económico que esa medida supondría para la empresa y argumentando que la sentencia final podría decretar la demolición de la obra.
El Supremo ha corregido al TSJA y ha dado la razón a la consejería de Obras Públicas porque "de no suspenderse la licencia de edificación, la acción ejercitada por la Comunidad Autónoma perdería su finalidad en orden a impedir la modificación del entorno físico con vulneración de la vigente legalidad urbanística". La sentencia no comparte con el tribunal andaluz "que la hipotética creación de riqueza pueda erigirse en un interés más digno que la protección de la legalidad urbanística".
"La riqueza, como patrimonio de una sociedad, no se mide sólo por el número de edificios destinados a vivienda, sino porque esa edificabilidad se alcance dentro de parámetros razonables de calidad, bienestar colectivo y respeto al medio físico o al entorno urbanístico", continúa la resolución. Los magistrados reprochan a los letrados del municipio que no defendieran la licencia recurrida. "Frente a la tesis del respeto a la legalidad que invoca [la Junta] se guarda el más absoluto silencio por el Ayuntamiento. No hubiese estado de más alguna consideración en torno a la defensa de la legalidad de la licencia", argumenta.
Sin embargo, las 51 viviendas ya se han construido y entregado a sus nuevos propietarios. Si la Justicia da la razón a la Junta sólo cabría su demolición para restaurar la legalidad urbanística, una medida que, casi con toda seguridad, no se adoptará porque perjudica a los compradores. El actual alcalde, Juan Carlos Benavides (PA), ha retado a la Junta a dirimir sus conflictos urbanísticos con su municipio en los juzgados. De los 55 casos abiertos entre ambas administraciones, en 21 no se adoptó la paralización de las obras que la consejería de Obras Públicas solicitó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de diciembre de 2005