El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ya no es consejero de la Unión de Mutuas. Su imputación por uno o varios delitos contra la Administración pública, un presunto delito fiscal y otro posible delito por falsedad han sido los motivos, según las fuentes consultadas, de que la junta directiva haya "invitado" a Fabra a abandonar el cargo. La versión "oficial" es que, tras la fusión de la Unión de Mutuas y Gremiat, el número de consejeros sobrepasa el máximo legal permitido. Según esta versión, Fabra habría decidido, "de forma voluntaria", abandonar el consejo.
Fuentes oficiales aseguraron que el presidente de la Diputación era consejero de Unión de Mutuas por el cargo institucional que ocupa, afirmación que difiere de lo señalado en la declaración de actividades que el propio Fabra presentó en el registro de la institución provincial, ya en 1995, en el que incluía ese cargo como "actividad privada". Fabra rechazó ayer confirmar su dimisión al considerar que se trata de "asuntos personales".
En su condición de corredor de seguros, Carlos Fabra sigue siendo mutualista de la Unión de Mutuas-Gremiat. La Unión de Mutuas sale en varios capítulos de las diligencias que se instruyen por los presuntos delitos que se imputan al presidente de la Diputación. Aparece como entidad para la que trabajaron sus hijos y que también mantuvo a su esposa en nómina. Además, es la mutua a la que está adscrito el grupo Naranjax, cuyo dirigente, Vicente Vilar, es el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de diciembre de 2005