El pasado día 10 de diciembre y con motivo de la celebaración del 57º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Joseba Azkarraga, consejero de Justicia del Gobierno vasco, leyó una declaración institucional del Ejecutivo cuya ecuanimidad, pese algunos ligeros descuidos, merece ser destacada. Entre otras cosas, el señor Azkarraga dijo que la sociedad vasca debería tratar con "cariño y cercanía" a las víctimas del terrorismo. Después, al demandar "respeto absoluto" para con los presos de ETA y una "visión humanitaria que reniegue de la venganza hacia los que han cometido delitos, por execrables que sean", colocó el contrapeso para mantener en equilibrio la balanza.
Sin embargo, por alguna razón, no tuvo en cuenta ese escrupuloso principio de compensación cuando tuvo unas palabras para las mujeres maltratadas, olvidándose de los maltratadores, que también son humanos y tienen derechos, ¿no?. Además, tampoco estuvo muy equitativo al apelar a la necesidad de combatir la xenofobia y de garantizar a los inmigrantes una vida digna en la comunidad autónoma, y no tener en consideración a los xenófobos y los explotadores, que también tienen su corazoncito. Dos lapsus disculpables.
Claro que todo esto no ocurriría si el País Vasco dispusiera de un sistema judicial propio, tal y como los nacionalistas -y en particular el señor Azkarraga- vienen reclamando desde hace tiempo. Cabe esperar que con una Justicia vasca libre de la injerencia española se garantizaría plenamente que víctimas y victimarios, maltratadas y maltratadores, inmigrantes y xenófobos, y explotados y explotadores serían tratados por igual.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de diciembre de 2005