La Generalitat formalizará el próximo año la compra de 44 cuarteles de la Guardia Civil que quedaron vacíos tras el despliegue de los Mossos d'Esquadra, y que desde entonces no tienen ningún uso específico. El objetivo del Gobierno catalán, según explicó ayer el secretario de Vivienda de la Generalitat, Ricard Fernández, es convertirlos en viviendas sociales de alquiler para dos colectivos muy concretos: los jóvenes menores de 35 años y los mayores de 65 años.
Fernández no precisó cuánto pagará la Generalitat por los cuarteles, aunque recordó que propusieron "en su momento dos millones y medio de euros y ellos 26". "En el convenio de ahora aumentaremos nuestra propuesta que aun así, no llegará ni a la mitad de lo que pedía el Ministerio". Se calcula que será un precio inferior a los 13 millones de euros, detalló. Dicho acuerdo se firmará a cuatro bandas entre la Generalitat, el Ministerio de la Vivienda, el de Medio Ambiente y la Guardia Civil.
La Administración autónoma prevé que esta compra signifique incorporar más de 400 viviendas al mercado de pisos protegidos. Para ello, será necesario rehabilitar íntegramente estos edificios, ya que muchos se encuentran en un avanzado estado de degradación. De hecho, algunos de ellos tienen problemas estructurales y será necesaria su demolición.
Tres de los cuarteles, además, se encuentran ocupados ilegalmente. Es el caso de los de Agramunt (Urgell), Montgat y El Masnou (Maresme). Una portavoz del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda explicó que en la actualidad existe un vacío legal que impide actuar contra estas ocupaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de diciembre de 2005