Han tenido que ser las instituciones europeas las que llamen la atención al Consell por los abusos urbanísticos. Y lo han hecho por dos asuntos: por destruir valores medioambientales, y sobre todo por lesionar lo que la derecha ha defendido siempre: la propiedad privada de 15.000 ciudadanos. Ya sabíamos que la Generalitat lo iba a hacer, sobre todo estando dirigida por quien lo está. Pero lo verdaderamente grave es que los tribunales valencianos lo hayan consentido. Ahora se entiende mejor porqué Camps tiene tanto interés en que la última instancia judicial sean los tribunales valencianos..
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de diciembre de 2005