Las personas que no pueden valerse por sí mismas (los llamados dependientes, más de 1,5 millones en España) tendrán garantizado el acceso a un sistema universal y público de atención social. Así lo establece el anteproyecto de ley de dependencia aprobado ayer por el Consejo de Ministros. La norma, que entrará en vigor en 2007 y terminará su desarrollo en 2015, se financiará con aportaciones del Estado y el copago de los beneficiarios según su renta y patrimonio.
La ley fija que las personas dependientes (en un 80% mayores de 65 años, en su gran mayoría cuidados por familiares sin ayuda estatal) tendrán derecho a recibir atención, preferentemente pública. Si no existiera, el Estado dará el dinero necesario para acudir a los servicios privados. Los familiares que cuiden a una persona dependiente recibirán una compensación económica.
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de diciembre de 2005