La carta de Renata Delgado publicada el pasado 25 de diciembre (Más catalán y menos catalanismo) es de las que confunden la gimnasia con la magnesia. La posibilidad de que los tribunales de Cataluña, la Comunidad Valenciana o las islas Baleares puedan llevar a cabo todo el procedimiento judicial en catalán-valenciano no es ninguna imposición del catalanismo, sino un compromiso contraído por el Reino de España al ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Por cierto, España firmó la carta en 1992, con mayoría absoluta del PSOE, y la ratificó en 2001, con mayoría absoluta del PP; es decir, sin que mediara en ninguno de los dos casos la consabida "hipoteca" nacionalista. Por lo demás, la tesis de que el catalán-valenciano no es lo suficientemente preciso para ser utilizado en la Administración de Justicia bordea lo que podríamos denominar "racismo lingüístico", y en cualquier caso es poco respetuosa con los pocos pero esforzados jueces que utilizan tan "imprecisa" lengua en su quehacer diario, sin que ello haya puesto en peligro hasta la fecha la seguridad jurídica de nadie.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de diciembre de 2005