Las 10.000 personas que residen en una urbanización de 3.000 chalés adosados en Xixona, junto a la Universidad de Alicante, no disponen de la misma cantidad de agua que el resto de sus vecinos. Cuando la promotora puso en marcha la obra no reparó en una cuestión principal: de dónde y cómo iba a proveerse de agua. Si la media por habitante y día en España es de 250 litros, en las casas de esa urbanización sólo disponen de 90 litros. Y aún pueden dar las gracias, porque en derecho no les correspondería ni una gota de agua. La disponible está comprometida al cien por cien.
No es un caso aislado en la Comunidad Valenciana, sobre todo en el norte de Castellón y en Alicante, o en Murcia y Almería. En casi todo el Mediterráneo, una zona con un déficit estructural de agua, el ladrillo ha ido por delante y sin tener en cuenta la existencia del recurso hídrico. El sistema, en muchos casos, es tan simple como injusto: el promotor consigue un permiso municipal, construye, vende -con un notable beneficio- y se desentiende. El comprador, que tiene su casa legalmente, exige agua y el Gobierno tiene que ir detrás a suministrarla. La situación no puede continuar así, porque no hay agua para construir tantas casas, campos de golf y piscinas como hay previstas en la zona más árida de España.
Para paliarlo, el Ministerio de Medio Ambiente reformó la Ley del Plan Hidrológico Nacional y desde junio de 2005 exige un informe previo de las confederaciones hidrográficas. El informe no es vinculante y el ministerio tiene aún que desarrollar la ley, pero los primeros dictámenes de las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura son demoledores. No hay agua para 450.000 viviendas previstas en unos cincuenta municipios situados entre Castellón y Almería. Por muchas desalinizadoras que instalen el Gobierno o las propias constructoras, siempre hará falta agua. El problema no es que España atraviese un periodo de sequía. La zona vive en una escasez permanente.
Con esa situación, cabe preguntarse si es sensato el actual ritmo de construcción. No se trata de que las zonas menos urbanizadas se mantengan como una reserva intocable y al margen del desarrollo para que las disfruten los ciudadanos del resto de España, muchos de los cuales proceden de zonas ya muy construidas. Pero lo lógico sería urbanizar la costa de forma ordenada, coordinada y sostenible. A España le queda litoral virgen, lo que representa uno de sus grandes atractivos. Perderlos en bien fácil, entre otros motivos, porque hay decisiones que no tienen marcha atrás.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de diciembre de 2005