Es bien sabido que la generación del llamado dinero negro constituye uno de los problemas más graves, por no decir el más grave, del sistema tributario en España. El circuito negro tributario comienza con la acumulación de dinero, mediante facturas falsas o valoraciones ficticias, que se hurta al control de la hacienda pública; ese dinero acumulado suele embalsarse después en activos de difícil control por parte de las autoridades tributarias. No es un secreto que la vivienda ha sido el destino favorito de ese dinero negro, ni que la presión para blanquear el dinero ocultado a Hacienda es uno de los factores que explican el crecimiento desorbitado de los precios de la vivienda desde 1996.
Existen razones, pues, para defender la nueva Ley contra el Fraude Fiscal que prepara el Gobierno, ley que incluye aplicar una retención en las facturas que los empresarios emiten para que las paguen otros empresarios, obligar a los inquilinos a especificar el número de referencia catastral del piso en el recibo de la luz y pedir a los compradores de viviendas que declaren la forma de pago utilizada en la operación.
Se trata, como puede apreciarse, de un intento razonable para obstaculizar las posibilidades de fraude fiscal, tanto en la fase de acumulación de dinero negro mediante facturas falsas como en la de blanqueo a través de la ocultación de los precios reales de la vivienda. Como algunas disposiciones anteriores en esta dirección han tenido éxito -la obligación de incluir la referencia catastral en la declaración del IRPF ha conseguido aflorar más de 100.000 propietarios con rendimientos de alquiler-, cabe suponer que las nuevas disposiciones reducirán todavía más las posibilidades de ocultación tributaria y, por tanto, contribuirán a aumentar la equidad fiscal.
No obstante, para reducir el fraude tributario no es suficiente con redactar leyes más duras e imponer obligaciones más estrictas. Resulta imprescindible, además, articular procedimientos humanos y técnicos para asegurar el cumplimiento de las nuevas normas; procedimientos que, por cierto, suelen costar dinero. Entre ellos, los de revisar los valores catastrales de las viviendas con mayor agilidad, o impedir que los impuestos por las transacciones inmobiliarias se paguen por valores inferiores a los baremos mínimos que reconocen las autoridades locales, autonómicas o estatales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de diciembre de 2005