El PNV quiere que la Ley de Aportaciones, que ha de ser renegociada este año por las tres diputaciones y el Gobierno, tenga en cuenta el aumento constante del gasto social y los nuevos servicios puestos en marcha, sobre todo, por el envejecimiento de la población. El presidente peneuvista, Josu Jon Imaz, explicó ayer que la actualización de la ley quinquenal supone un "reto" que toca este año, pero evitó tomar posiciones en el debate que mantienen abierto las tres instituciones forales y el Gobierno.
La Ley de Aportaciones regula el reparto entre administraciones de la recaudación de los tributos concertados en función de un coeficiente denominado vertical. De todo el dinero que recaudan las haciendas forales por esos impuestos, el 66,25% se destina al Gobierno y el 33,75% se queda en cada provincia.
Las tres diputaciones coinciden en que el Gobierno se halla sobrefinanciado y hay que reducir el coeficiente que le afecta, entre otras cuestiones por el fuerte incremento del gasto social al que deben hacer frente los servicios forales.
Desde el Gobierno vasco, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, aunque está de acuerdo en la necesidad de actualizar la ley, rechaza de manera explícita una modificación de los coeficientes, con el argumento de que no sólo el gasto social ha subido, sino también el sanitario, y ese lo debe afrontar en exclusiva el Gobierno.
Imaz adoptó ayer una postura intermedia en esa polémica y eligió deliberadamente esos dos ejemplos -la sanidad y los servicios sociales- como justificación de los cambios necesarios. Las diputaciones consideran que la reducción de la deuda del Gobierno está resultando inversamente proporcional al crecimiento de sus propias deudas. El presidente del PNV sí descarto una redistribución de las competencias. "La modificación de la Ley de Territorios Históricos [que se vería afectada] no está en la agenda" de su partido, resaltó.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de enero de 2006