La decisión de cancelar por anticipado y en un solo pago la deuda fue anunciada el pasado 15 de diciembre por el presidente argentino, Néstor Kirchner, dos días después de que Brasil tomara una determinación similar.
La cancelación se realizó con reservas de libre disponibilidad del Banco Central argentino, que ascendían hasta ayer a 28.045 millones de dólares (23.400 millones de euros), de los que se destinó un 34% al pago al FMI. El abono se materializó desde depósitos en el Banco Internacional de Pagos de Basilea y la Reserva Federal de Estados Unidos.
Con esta operación, el Fondo se embolsó el equivalente a 9.513 millones de dólares, que sumados a pagos de vencimientos efectuados la semana pasada llevan el monto de la cancelación a 9.574 millones de dólares.
Reforma del sistema
El Gobierno argentino dijo que esta cancelación anticipada de los compromisos que Argentina debía saldar con el Fondo hasta 2008 abre una nueva etapa en la relación con ese organismo y anticipó que bregará por la reforma de la arquitectura financiera internacional.
La ministra de Economía, Felisa Miceli, consideró que la cancelación permite al país "mejorar su situación económica, financiera y fiscal, y tiene un alto valor político y simbólico ya que se recupera autonomía en las decisiones económicas".
Los analistas han considerado que la decisión tiene más impacto político que económico, ya que con el pago Argentina suma mayor autonomía y poder de negociación con otros acreedores y con las empresas de servicios públicos privatizadas, que ya no contarán con la fuerte presión que el FMI ejercía en su favor.
Además, si bien Argentina, como afiliada al FMI, seguirá siendo sometida a revisiones anuales de su economía, ya no estará sujeta a duros exámenes trimestrales a sus cuentas públicas ni a las imposiciones de metas.
Argentina se incorporó al FMI en 1956 y desde entonces ambas partes han firmado una veintena de programas financieros. Los primeros cortocircuitos con el FMI surgieron en la presidencia de Arturo Illia, tras la crisis económica de 1962-1963, pero el golpe militar de Juan Carlos Onganía en 1966 puso fin a las discrepancias y se aplicó un nuevo plan de estabilización.
El Gobierno peronista que llegó al poder en 1973 cuestionó la permanencia en el FMI, pero mantuvo relaciones, hasta que la dictadura militar (1976-1983) fortaleció los lazos con el organismo. Ya en los noventa, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y la llegada de la convertibilidad entre el peso y el dólar, la relación se fortaleció y Argentina se convirtió para el FMI en el "mejor ejemplo" de la aplicación de sus recetas.
Pero este modelo comenzó a hacer aguas, y en 2001 el Fondo destinó unos 10.000 millones de dólares a sostener el régimen de convertibilidad, que finalmente feneció por la crisis de 2002.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de enero de 2006