El consejero de Economía catalán, Antoni Castells, distribuyó en la reunión de ayer un documento que persigue desbloquear las profundas divergencias que todavía persisten entre el tripartito y el Gobierno central en materia de financiación. La propuesta de Castells se sitúa a medio camino entre las ambiciosas demandas que figuran en el proyecto de Estatuto y la ajustada oferta del ministro de Economía, Pedro Solbes, que los catalanes consideran inaceptable.
A partir de los ocho puntos irrenunciables que enumeró el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a finales de diciembre en sede parlamentaria [ver cuadro adjunto], el consejero de Economía catalán elaboró el citado documento tras reunirse la víspera en Madrid con Solbes y con el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Fue tal la receptividad que Castells encontró en la otra parte que, pese a su natural prudencia, no pudo evitar a la salida del encuentro proclamar que la próxima semana podría sellarse un acuerdo en esta materia.
Las alternativas que propone el tripartito catalán a las ocho condiciones son lo suficientemente ambiguas para que puedan ser aceptadas en su mayoría por el Gobierno central, no despierten serias resistencias del resto de las comunidades autónomas y den amplio margen para una mayor concreción e, incluso, retoques, en el futuro cuando deba abordarse este espinoso asunto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
No obstante, el Ejecutivo que preside José Luís Rodríguez Zapatero y el propio PSOE se resisten a aceptar el primer requisito: que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) quede supeditada legal y jurídicamente al nuevo Estatuto.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de enero de 2006