Los grupos parlamentarios de CiU y PNV condicionan su apoyo al futuro proyecto de Ley de Dependencia a cómo se resuelva la negociación del marco de financiación, en el caso de Cataluña y, respecto a Euskadi, dependiendo del impacto del sistema en el cupo y el concierto económico vasco. Precisamente yer, coincidiendo con el inicio de la ronda de contactos entre el Ministerio de Asuntos Sociales y las comunidades autónomas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió la cooperación y la colaboración de todas las comunidades autónomas para consensuar la futura ley.
El portavoz en esta materia del Grupo Catalán, Carles Campuzano, advirtió que su grupo parlamentario no aceptará el modelo de financiación propuesto por el Gobierno (Estado y comunidades autónomas costearán a medias la financiación pública del sistema, 25.276 millones que costará su implantación hasta 2015 y dos tercios del mantenimiento anual del sistema, que se eleva a más de 9.000 millones) si las negociaciones del Estatut no solucionan el "déficit" de Cataluña. Campuzano argumentó que "no tiene sentido ampliar las obligaciones de las comunidades autónomas sin aportar más recursos económicos" para afrontar los gastos derivados del futuro sistema.
CiU plantea además objeciones al anteproyecto del Gobierno en materia de competencias. A su juicio, el texto establece con "demasiado detalle" los servicios que deben ofrecer las autonomías, teniendo en cuenta que estas tienen plenas competencia en la materia. Campuzano se pregunta, por ejemplo, qué ocurrirá con aquellas "prestaciones que ya se están ofreciendo" en su comunidad, como los servicios ocupacionales para personas dependientes.
Desde el nacimiento
Además, Campuzano reclama que el sistema reconozca la atención a los dependientes desde su nacimiento (el anteproyecto sólo la plantea a partir de los tres años) con el fin de poder afrontar las situaciones de recién nacidos con discapacidad y con enfermedades congénitas.
El portavoz del PNV en la Comisión de Trabajo, Emilio Olabarría, advirtió que el modelo de financiación del sistema se debe adaptar a las particularidades del concierto económico del País Vasco. Olabarría entiende que "habría que modificar" el cupo de esta comunidad en función de las prestaciones que se pretendan ofrecer, ya que para el caso de Euskadi "no servirían las transferencias de créditos" que plantea el anteproyecto. Este grupo exige a Trabajo mayor concreción del marco jurídico del sistema, de acuerdo con el Sistema de la Seguridad Social y el modelo de protección que se pretende ofrecer.
Olabarría señala la necesidad de definir qué tipo de situaciones de dependencia requerirían una cobertura total por el Estado y cuáles deben afrontarse en el marco del copago por los usuarios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de enero de 2006