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La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas del Estado ha embargado al ex delegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, del PP, las acciones de cinco empresas y un vehículo de su propiedad. Se trata de una medida preventiva en ejecución de la providencia que este tribunal dictó el 26 de abril de 2005.
El Gobierno catalán abonó en 2005 a las concesionarias de las autopistas 39 millones de euros por los descuentos aplicados en la época de CiU. Los motivos de la deuda heredada son de tres tipos: la compensación por tarifas prorrogadas sin aplicar aumentos legalmente previstos, la bonificación por el 7% del IVA que se aplicaba y los descuentos que las concesionarias hacen a algunos usuarios con cargo al erario público.
Una finca de 350 hectáreas situada en el término de Chinchón (unos 3.900 habitantes), valorada en seis millones de euros y que en un futuro podría albergar unas 10.000 viviendas, está detrás de la moción de censura promovida por el PP contra la alcaldesa socialista Encarnación Moya.
Ante la pasividad del Ayuntamiento, los vecinos de un céntrico edificio de Castellón tuvieron que recurrir al juzgado para que paralizara las obras de un inmueble próximo después de haber denunciado a los servicios municipales toda una serie de desperfectos que los trabajos de construcción estaban causando en sus viviendas, como grietas, desplome de escayolas y hasta desplazamiento de algunos tabiques.
El PP y el PSE, que negocian un acuerdo presupuestario para las dos principales instituciones alavesas, el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación foral, consideran que la conclusión de las conversaciones está próxima. Fuentes de ambas formaciones coinciden en que, salvo complicaciones no previstas, al cierre del acuerdo sólo le faltan algunas horas.
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