Convergència i Unió (CiU) sobrepasó en un 40% el límite legal de gasto destinado a publicidad en prensa y radio en la campaña de las elecciones autonómicas de noviembre de 2003, lo que le podría acarrear una sanción económica del Tribunal de Cuentas. El PSC también se extralimitó en sus gastos por este concepto, pero sólo en un 4,1%. El informe de la Sindicatura de Cuentas cuantifica en 12,47 millones de euros el dinero que el conjunto de las formaciones políticas destinaron a publicidad y propaganda en las pasadas autonómicas, el 4,1% menos que en las de 1999.
Las elecciones de 2003 fueron las primeras en que los partidos catalanes debían aplicarse el acuerdo de transparencia y autolimitación de gastos electorales, firmado en febrero de 2001. Pero a la hora de la verdad, según el informe de la Sindicatura de Cuentas, sólo el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida (ICV-EUiA) cumplieron este compromiso y redujeron sus gastos el 24,3% y el 9,5%, respectivamente. Por el contrario, Convergència i Unió (CiU) los aumentó el 3,5%; Esquerra Repubicana (ERC), el 25,7%, y el Partido Popular (PP), el 6,4%.
En total, el conjunto de partidos declararon a la sindicatura gastos de campaña por valor de 12,47 millones de euros, el 4,1% menos que en las elecciones autonómicas de 1999.
Los nacionalistas de Artur Mas son los únicos que destinaron a publicidad y propaganda más dinero del legalmente establecido. Así, si el límite estaba fijado en 3,11 millones de euros, CiU desembolsó 3,13 millones, es decir, 20.723 euros de más. El mayor desfase se produjo en la publicidad insertada en prensa y emisoras de radio privada. La federación nacionalista se excedió en casi 180.000 euros, el 40,60% más de lo permitido.
Esta irregularidad podría acarrearle a CiU una multa del Tribunal de Cuentas y, por tanto, tener que devolver a la Administración el dinero percibido de más. Lo mismo les ocurrió al PSC y a Iniciativa per Catalunya en las elecciones de 1999. Ambas formaciones han devuelto 168.269 y 979 euros, respectivamente. El desembolso se hizo efectivo el 31 de marzo de 2005. Mientras tanto, Esquerra Unida i Alternativa, que debe reintegrar 23.635 euros de subvenciones al no haber logrado en esos comicios representación parlamentaria, ha obtenido de la Agencia Tributaria un fraccionamiento del pago.
Las posibles sanciones sólo afectarían a CiU, pues las anomalías detectadas al resto de las formaciones políticas son de carácter menor o no comportan penalización. Así, el Partit dels Socialistes no identificó correctamente a las personas o empresas que donaron dinero a la campaña. En dos casos estas aportaciones fueron de 11.000 y 9.950 euros, superando así el tope legal, fijado en 6.010 euros.
Respecto a Esquerra Republicana, las irregularidades se circunscriben a problemas contables al no diferenciar en cuentas corrientes separadas los gastos electorales y los ordinarios de la formación. Asimismo, efectuó pagos correspondientes a la campaña con posterioridad a los 90 días marcados por la legislación. En situación similar se encuentra el Partido Popular de Cataluña.
La Sindicatura de Cuentas subraya en su informe que Iniciativa per Catalunya fue la única formación política que presentó, conforme a la ley, un presupuesto detallado de sus gastos electorales antes del inicio de la campaña.
Medidas correctoras
En las conclusiones de su informe, la Sindicatura de Cuentas propone un paquete de modificaciones legales para controlar con más detalle los dispendios electorales de los partidos y poder imponer sanciones, una competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, los síndicos plantean que la futura ley electoral catalana recoja el contenido del Acuerdo de Transparencia y Autolimitación, firmado en febrero de 2001 por todos los partidos. Por ejemplo, cita la obligatoriedad de remitir los presupuestos de gasto de campaña -que sólo Iniciativa cumplió- u homogeneizar legislativamente los plazos de presentación de liquidación de presupuestos. La ley también debería prever, según la sindicatura, un procedimiento sancionador en caso de incumplimiento de "las medidas adoptadas, regulaciones establecidas o plazos fijados".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de febrero de 2006