La Sindicatura de Contes ha rectificado su memoria sobre las cuentas del ejercicio del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en el apartado correspondiente a la insuficiente acreditación de determinados gastos de la visa de la entidad que realizó José Manuel Uncio, entonces director del IVF, y la difícil justificación de los mismos, dijo más tarde, por razón de su cargo. Según fuentes de la Fiscalía, que investiga precisamente si Uncio cometió un delito de malversación, la Sindicatura, en su última comunicación a requerimiento del fiscal, dice estar ya satisfecha con las acreditaciones recibidas del IVF sobre el destino de algo más de 7.000 euros inicialmente sin justificación y entender que sí están dentro de la representación del cargo. El amparo que ahora realiza la Sindicatura de Cuentas, que según las mismas fuentes no ha ido acompañado de una explicación técnica que justifique por qué esos gastos no encajaban a su juicio inicialmente con los que se suponen propios de un director del IVF y ahora sí, coincide con el respaldo al destino que Uncio dio a la visa por parte de la entidad pública.
Para el IVF, según información también remitida a la fiscalía, los gastos que realizó Uncio en virtud de su responsabilidad de la institución son correctos. Y en ellos incluye el regalo, por ejemplo, en efectivo, por la boda de la hija de un cargo del PP, la compra de unos zapatos, de maquinillas de afeitar, de regalos en tiendas de lujo, de flores, de joyas, tanto aquí como fuera de España.
La consideración que para la Sindicatura o para el IVF tenga el uso que en su día hiciera de la tarjeta Visa José Manuel Uncio tiene para la Fiscalía un valor nulo. Ni el hecho de que Uncio consignara el dinero que inicialmente la Sindicatura señaló específicamente en su memoria como injustificado en un juzgado ni que la entidad afectada entienda esos gastos como buenos afectan a la investigación. La Fiscalía, con la aprobación del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, mantiene viva la investigación con un plazo adicional de seis meses para cumplimentarla que empezó a contar a primeros de enero. La Fiscalía sigue el rastro de todos los cargos que figuran en la visa y de si se ajustan a lo que efectivamente consta en las facturas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de febrero de 2006