La Cámara de Representantes prorrogó ayer de nuevo la Ley Patriótica hasta el 10 de marzo, y lo mismo se disponía a hacer el Senado. La legislación especial que refuerza los poderes de la policía para recoger información, tener acceso a comunicaciones privadas y realizar registros, y que se aprobó después de los atentados del 11-S, iba a expirar el último día de diciembre. El Congreso no pudo ponerse de acuerdo sobre los cambios introducidos y la ley se prorrogó hasta el 3 de febrero. Ahora tampoco ha dado tiempo, y los congresistas se dan seis semanas más.
En diciembre de 2005, después de seis meses de acalorado debate, se llegó a un acuerdo por el que se incorporaban a la legislación de forma definitiva 14 de los capítulos de la Ley Patriótica, y se extendían cuatro años, con algunas mejoras, los dos más polémicos, que prevén poderes especiales para que las fuerzas de seguridad accedan a datos sobre actividades de los ciudadanos y el FBI requiera información de transacciones financieras o comunicaciones electrónicas.
El pacto se aprobó en la Cámara, pero el debate en el Senado coincidió con la revelación de que el presidente había autorizado en 2002 escuchas electrónicas al margen de las cautelas previstas por la ley. La noticia enfadó a los demócratas y a algunos republicanos, y la ley quedó bloqueada. En su discurso de la madrugada de ayer, Bush pidió a los congresistas "la reautorización de la ley", porque "el enemigo no ha perdido ni la voluntad ni la capacidad de atacarnos".
Tanto la Casa Blanca como los líderes del Capitolio y los congresistas rebeldes han acordado la nueva prórroga porque hay una negociación en curso. Dos de los republicanos libertarios que contribuyeron a bloquear la ley, John Sununu y Larry Craig -este último, miembro directivo de la Asociación Nacional del Rifle-, han dicho que el Gobierno está dispuesto a introducir cambios para mejorar las garantías ante los poderes policiales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de febrero de 2006