Las tres Cámaras de la Propiedad Urbana ratificaron ayer su intención de recurrir el decreto del Gobierno, aprobado el martes, por el que estas entidades quedan disueltas. Las entidades solicitarán a los tribunales la paralización cautelar del decreto, que, a su juicio, supondrá un empeoramiento de la calidad de los servicios cuando Vivienda asuma en unos meses las funciones que realizaban las cámaras. Estas entidades aseguran que el departamento que encabeza Javier Madrazo sólo se responsabilizará de dos servicios, frente a la quincena que ofrecen ahora las cámaras.
"El decreto [del Gobierno] no es justo ni necesario", señaló en una rueda de prensa el secretario general de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya, José Alonso, al argumentar que no hay razones jurídicas, económicas ni sociales para adoptar una decisión así. "La cámara hará todo lo que esté en su mano para oponerse a la liquidación", agregó. Los responsables de Álava y Guipúzcoa respaldaron después todas las argumentaciones ofrecidas públicamente por la entidad vizcaína.
La primera medida consistirá en presentar un recurso ante el Tribunal Superior vasco en el que pedirán la suspensión cautelar de la medida gubernativa. "Estamos consternados", dijo Alonso, quien sostuvo que se enteró del contenido del decreto "cuando se estaba aprobando" en el Consejo de Gobierno. La normativa establece que Vivienda se hará cargo de los servicios que prestan estas entidades, que abarcan desde la información sobre derechos y obligaciones de los propietarios de inmuebles al registro de contratos de arrendamiento o la mediación en conflictos entre dueños e inquilinos.
Habrá un periodo transitorio, que Vivienda calcula que durará varios meses, en el que la atención proseguirá en las oficinas actuales de las cámaras. Un funcionario atenderá y realizará labores directivas hasta que todos los servicios comiencen a ofrecerse en las delegaciones territoriales de la consejería.
El secretario general de la entidad vizcaína señaló que la última reunión con el Gobierno sobre este asunto se celebró a finales de 2004. Destacó que, cuando Vivienda inició en 2003 los contactos para una posible liquidación de las tres cámaras, señaló a sus responsables que "iba a ser una transición tranquila". "No ha habido ninguna negociación", agregó ante lo que calificó de "decretazo".
Los directivos de la cámara rechazaron los argumentos económicos esgrimidos en una auditoría elaborada en 2003, que reveló graves deficiencias de gestión y pérdidas de patrimonio de 1,1 millones entre 1999 y 2002 en la entidad vizcaína y de más de 910.000 euros en la de Guipúzcoa.
Auditoría
Tras afirmar que no se les ha remitido dicha auditoría, defendieron la buena marcha de la cámara de Vizcaya, con "199.271 euros de beneficios" en 2005 y 273.000 asociados que pagan cuotas, lo que supone "una cuarta parte de los propietarios vizcaínos". Alonso resaltó la "raigambre absoluta" de una entidad que tiene 99 años. Explicó que la "reducción de patrimonio" se reduce a los ejercicios de 1999 y 2000, atribuida a "unos fondos públicos que bajaron".
Pese a reconocer la facultad del Gobierno de disolver las tres entidades, expuso varias sentencias judiciales "que dicen que no hay obligación de liquidar" y defendió su conversión en entidades representativas del sector inmobiliario, como "han hecho en Cataluña y Castilla y León".
Alonso minimizó las ventajas para los empleados, que pasarán a ser funcionarios con el decreto, salvo los contratados a partir de noviembre de 2002. Criticó que ocuparán unas plazas "a extinguir, sin posibilidades de subir en el escalafón" y que pueden ser destinados "en Vitoria en el Departamento de Agricultura".
Las cámaras sostienen que el Gobierno sólo ofrecerá el servicio de información general a los usuarios de las fincas, frente a la "asistencia técnica" que ofrecen aquéllas en los conflictos entre vecinos, que se solucionan en la mitad de los casos. Consideran que el cambio supondrá que todos los ciudadanos "se quedarán sin los servicios que no les cuestan nada".
Uno de los grandes escollos será el trasvase del patrimonio, ya que el decreto establece que pasará a manos públicas el generado cuando las cuotas a las cámaras eran obligatorias. El patrimonio total ronda los 19 millones, de los que 8,5 corresponden a Vizcaya.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 2 de febrero de 2006